- El juez Mario Elizondo Martínez consideró suficientes los elementos presentados por la Fiscalía General de la República para que Ángel Heladio Aguirre Rivero enfrente formalmente un proceso penal relacionado con el presunto ocultamiento de información y destrucción de evidencia sobre lo ocurrido en Iguala en septiembre de 2014.
La resolución también mantuvo la prisión preventiva contra el exmandatario, quien permanecerá recluido en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México. El juzgador concedió además cuatro meses para la investigación complementaria.
La defensa presentó 31 datos de prueba con los que buscó desacreditar que Aguirre habría recibido un disco con grabaciones de las cámaras instaladas afuera del Palacio de Justicia de Iguala y posteriormente habría ordenado desaparecer esas evidencias.
Uno de sus principales argumentos fue que Aguirre no se encontraba en Guerrero cuando presuntamente recibió las grabaciones. Sus abogados presentaron documentos y testimonios para sostener que ese 29 de septiembre de 2014 el entonces gobernador se encontraba en la Ciudad de México, donde habría sostenido una reunión con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
También comparecieron exfuncionarios de su administración para respaldar esa versión. Sin embargo, el juez determinó que, en esta etapa procesal, esos elementos no resultaban suficientes para desacreditar la hipótesis presentada por la Fiscalía.
FGR apunta a la desaparición deliberada de videos
La nueva línea de investigación gira alrededor de las cámaras 12 y 15 instaladas en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala. De acuerdo con la fiscal general Ernestina Godoy, esas cámaras registraron al autobús Estrella de Oro 1531, en el que viajaban normalistas, cuando fue detenido durante la noche del 26 de septiembre de 2014.
Durante años se sostuvo que las grabaciones no existían debido a fallas técnicas. La FGR afirma que diligencias posteriores contradijeron esa versión.
En enero de 2026, una persona colaboradora declaró sobre la existencia de los videos y señaló que fueron sustraídos para entregarlos al entonces gobernador. En mayo, un segundo testigo protegido aseguró que Aguirre habría ordenado a mandos de su gobierno desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos registrados frente al Palacio de Justicia.
La Fiscalía sostiene que el ocultamiento de esas grabaciones no respondió a una falla accidental, sino a una operación deliberada en la que habrían participado funcionarios estatales de alto nivel. La responsabilidad penal definitiva de Aguirre, sin embargo, deberá resolverse durante el proceso y mediante sentencia.
Sheinbaum: no es persecución política, hay nuevos hallazgos
La Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la captura del exgobernador responda a una revancha política y explicó que la FGR lleva meses revisando el expediente con nuevas herramientas de investigación.
Entre los elementos analizados nuevamente están las sábanas de llamadas telefónicas de aquella noche, las conexiones entre distintas personas y el recorrido de los autobuses involucrados. Sheinbaum sostuvo que este análisis permitió profundizar evidencias que permanecían en las carpetas desde hace años.
La mandataria afirmó además que existen nuevos hallazgos y reiteró que el objetivo del Gobierno federal continúa siendo conocer la verdad, hacer justicia y encontrar a los estudiantes desaparecidos.
Horas antes de conocerse la resolución, madres y padres de los normalistas reclamaron que Aguirre fuera vinculado a proceso y exigieron que la detención no terminara convertida en una simulación.
Los familiares han señalado durante años la desaparición de las grabaciones de Iguala y pidieron que el exgobernador entregue información sobre todas las personas que pudieron participar en la destrucción u ocultamiento de pruebas.
