- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de un grupo de trabajo interinstitucional que preparará una propuesta legal para obligar a las plataformas digitales a detectar, reportar y retirar publicaciones que inciten directamente a la violencia. La medida forma parte de las acciones del Gobierno federal para prevenir nuevos ataques en centros educativos.
Durante su conferencia matutina de este viernes 2 de octubre, la mandataria informó que las dependencias federales trabajarán con instituciones académicas y especialistas para definir las obligaciones que deberán asumir las empresas responsables de redes sociales y otros servicios digitales.
El anuncio ocurrió después del ataque registrado el jueves en la Escuela Secundaria General Número 13 de Torreón, Coahuila, donde murió la subdirectora del plantel y otras cuatro personas resultaron lesionadas.
Gobierno prepara cambios legales para regular contenido violento
La propuesta contempla establecer mecanismos para que las plataformas identifiquen publicaciones, comentarios y comunicaciones que inciten directamente a cometer actos violentos, además de reportarlos y retirarlos oportunamente.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que los trabajos para elaborar el instrumento jurídico comenzarán el próximo lunes 5 de octubre.
El Gobierno analizará las alternativas legales disponibles, incluida la presentación de una iniciativa legislativa o la elaboración de un decreto, con el propósito de establecer responsabilidades específicas para las compañías tecnológicas.
Sheinbaum señaló que también buscarán abrir un diálogo con las empresas para definir los mecanismos de colaboración.
Consejería Jurídica coordinará grupo interinstitucional
El equipo de trabajo estará coordinado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y contará con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Educación Pública, la Agencia de Transformación Digital y el Centro Nacional de Inteligencia.
También convocarán a instituciones académicas y especialistas para revisar los criterios técnicos y jurídicos de la propuesta.
García Harfuch explicó que las labores de inteligencia deberán distinguir entre expresiones individuales, contenidos potencialmente riesgosos y amenazas concretas que requieran la intervención de las autoridades.
El funcionario aclaró que consultar determinadas publicaciones o expresar una opinión en internet no constituye, por sí mismo, evidencia de que una persona cometerá un delito.
Sheinbaum descarta criminalizar el uso de redes sociales
La presidenta precisó que las medidas buscarán prevenir la difusión de contenidos que promuevan agresiones, abusos o actos delictivos, sin convertir automáticamente las expresiones publicadas en redes sociales en conductas penales.
El proyecto deberá definir qué publicaciones estarán sujetas a los procedimientos de detección, reporte y retiro, así como las condiciones bajo las cuales las empresas digitales tendrán que colaborar con las autoridades.
Las disposiciones específicas, los mecanismos de supervisión y las posibles consecuencias por incumplimiento todavía se encuentran pendientes de elaboración.
Reforzarán acciones preventivas en escuelas
Además de la regulación digital, el Gobierno federal contempla fortalecer las actividades de prevención de la violencia en los planteles educativos.
Entre las medidas anunciadas se encuentran el acompañamiento psicológico, la participación de madres y padres de familia, la identificación temprana de situaciones de riesgo y el fortalecimiento de programas de educación socioemocional.
La Secretaría de Educación Pública participará en la coordinación de estas acciones, mientras las dependencias de seguridad continuarán investigando las posibles conexiones entre amenazas concretas y actividades desarrolladas en entornos digitales.
El grupo interinstitucional iniciará la elaboración de la propuesta durante la próxima semana. Hasta ahora, el Ejecutivo federal no ha presentado un articulado definitivo ni anunciado una fecha para la entrada en vigor de las nuevas obligaciones.
