- El Gobierno de México rechazó que las sanciones financieras anunciadas por Estados Unidos constituyan, por sí mismas, pruebas suficientes para acreditar la participación de personas o empresas en actividades del crimen organizado.
Durante su conferencia matutina del miércoles 30 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera revisó los señalamientos emitidos por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense y encontró irregularidades en diversas cuentas bancarias.
Sin embargo, precisó que las anomalías financieras detectadas no permiten establecer automáticamente que sus titulares mantienen vínculos con alguna organización delictiva.
La mandataria también reveló que algunas de las personas incluidas en la lista estadounidense ya contaban con investigaciones abiertas ante la Fiscalía General de la República (FGR), aunque aclaró que no todos los señalados se encontraban bajo investigación.
EU sanciona a 21 personas y 25 empresas vinculadas presuntamente con La Mayiza
El posicionamiento presidencial ocurrió después de que el Departamento del Tesoro estadounidense anunciara, el 29 de septiembre, sanciones contra 21 personas y 25 empresas a las que identifica como presuntos integrantes o facilitadores del Cártel de Sinaloa.
Las autoridades estadounidenses atribuyen a los sancionados operaciones relacionadas con la facción conocida como La Mayiza, encabezada por Ismael Zambada Sicairos, alias El Mayito Flaco, hijo de Ismael El Mayo Zambada.
Entre los nombres incluidos en la lista destacan Carlos Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila; su hermano Luis Alfonso Torres, e Ismael Zambada Sicairos.
De acuerdo con la OFAC, los señalados formarían parte de una red que presuntamente facilita operaciones financieras, actividades de lavado de dinero y mecanismos de protección a integrantes de la organización criminal.
Las medidas estadounidenses contemplan el bloqueo de bienes e intereses patrimoniales sujetos a su jurisdicción, además de restricciones para determinadas operaciones financieras.
No obstante, una sanción administrativa de la OFAC no equivale a una sentencia penal ni implica que las autoridades mexicanas hayan acreditado los mismos señalamientos.
UIF detectó irregularidades, pero no acreditó nexos criminales en varios casos
Sheinbaum explicó que las autoridades financieras mexicanas realizaron una revisión de la información relacionada con los sancionados y encontraron movimientos que ameritan atención.
Sin embargo, insistió en que debe existir una distinción entre detectar anomalías bancarias y comprobar la participación de una persona en actividades delictivas.
“La UIF qué dice: se notificó, se encuentra que hay irregularidades en las cuentas de muchas de las personas que dicen, pero eso no significa que tengan algún vínculo con un grupo delictivo”, puntualizó.
La presidenta señaló que los informes emitidos por autoridades extranjeras no obligan automáticamente a presentar denuncias penales en territorio mexicano.
Explicó que la UIF debe analizar la información disponible y determinar, conforme a sus atribuciones, si existen elementos que justifiquen dar intervención a las autoridades correspondientes.
También confirmó que algunas personas incluidas en el listado estadounidense ya tenían carpetas de investigación abiertas en la FGR antes de que Washington anunciara las sanciones.
No precisó públicamente cuáles de los señalados se encuentran en esa situación ni identificó de manera individual a aquellos respecto de quienes la UIF no encontró elementos suficientes para establecer vínculos con el crimen organizado.
¿Qué dijo Sheinbaum sobre Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar?
La mandataria abordó el tema después de que se le preguntara si las sanciones contra Carlos Torres y otras personas relacionadas con la administración de Baja California podrían motivar nuevas investigaciones por parte de la FGR.
Carlos Torres fue incluido en la lista de la OFAC por presuntamente utilizar su influencia política para facilitar operaciones del Cártel de Sinaloa y proteger las actividades de una de sus facciones en Baja California.
El Gobierno estadounidense también señaló a su hermano Luis Alfonso Torres como supuesto colaborador de esa estructura.
Carlos Torres ha rechazado públicamente los señalamientos y ha manifestado su intención de aclarar su situación ante las instancias correspondientes.
Por su parte, Sheinbaum explicó que la información de la OFAC debe someterse a los procedimientos de revisión de las autoridades mexicanas antes de determinar si corresponde presentar nuevas denuncias.
La presidenta no anunció una investigación contra Marina del Pilar Ávila ni señaló que la gobernadora se encuentre incluida en la lista de personas sancionadas por el Departamento del Tesoro.
Sheinbaum recuerda caso de bancos mexicanos señalados por Washington
Para explicar su postura, la mandataria recordó las medidas anunciadas anteriormente por Estados Unidos contra dos instituciones bancarias mexicanas y una casa de bolsa, a las que Washington atribuyó presuntas operaciones relacionadas con actividades ilícitas.
Sheinbaum aseguró que, hasta el momento de sus declaraciones, las revisiones realizadas en México no habían acreditado vínculos de esas instituciones con organizaciones delictivas.
“No hubo, no hay (hasta ahora) ninguna prueba de vínculo de estos dos bancos y de la casa de bolsa con algún asunto delincuencial”, afirmó.
La mandataria utilizó este antecedente para insistir en que las observaciones financieras deben analizarse conforme a los procedimientos legales correspondientes y no pueden considerarse automáticamente una demostración de responsabilidad penal.
FGR deberá determinar si existen elementos para nuevas investigaciones
Aunque las sanciones anunciadas por Washington colocaron nuevamente bajo atención pública a distintas figuras políticas y empresariales, la presidenta sostuvo que corresponde a las instituciones mexicanas evaluar las pruebas y establecer las responsabilidades que procedan.
Las investigaciones abiertas en la Fiscalía General de la República deberán seguir su curso, mientras que la UIF continuará con las revisiones que correspondan dentro de sus facultades.
El Gobierno estadounidense mantiene sus señalamientos y restricciones contra las 21 personas y 25 empresas incluidas en el anuncio del 29 de septiembre.
