- Rubén Aguilar Gil, integrante de una familia vinculada históricamente con el Partido del Trabajo, obtuvo una magistratura penal en Chihuahua después de recibir un nombramiento judicial que le permitió acceder directamente a la elección extraordinaria de 2025. Su llegada al tribunal desató cuestionamientos sobre presunto favoritismo político, los requisitos de elegibilidad y la influencia de los vínculos familiares en la integración del Poder Judicial.
La trayectoria de Rubén Aguilar Gil, hermano de la diputada federal Lilia Aguilar y de la legisladora local América Aguilar, colocó bajo cuestionamiento los mecanismos de acceso al Poder Judicial de Chihuahua durante la primera elección extraordinaria de jueces y magistrados.
El abogado obtuvo una magistratura en materia penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ) en junio de 2025, después de beneficiarse de una disposición que permitió a quienes ejercían funciones de magistrados incorporarse directamente a las boletas electorales.
Su caso adquirió relevancia por dos circunstancias: su pertenencia a una familia con amplia presencia política en el Partido del Trabajo (PT) y un nombramiento realizado en febrero de 2025, cuando ya estaba en marcha el proceso de selección de candidaturas judiciales.
Las condiciones de su participación motivaron impugnaciones ante las autoridades electorales y señalamientos públicos sobre un posible trato privilegiado.
¿Quién es Rubén Aguilar Gil y cuál es su relación con el PT?
Rubén Aguilar Gil es hijo de Rubén Aguilar Jiménez, exlegislador y dirigente histórico del Partido del Trabajo en Chihuahua.
Sus hermanas también ocupan cargos de representación popular: Lilia Aguilar Gil es diputada federal y América Aguilar Gil, diputada local, ambas por el PT.
La carrera política de Rubén Aguilar Gil comenzó años antes de su llegada al Tribunal Superior de Justicia. Entre 2004 y 2007 fue diputado local por el Partido del Trabajo y posteriormente desempeñó distintas funciones de asesoría jurídica.
Durante la administración del exgobernador César Duarte Jáquez, entre 2010 y 2016, colaboró como asesor jurídico y político en el ámbito gubernamental.
Posteriormente se incorporó al Poder Judicial de Chihuahua, donde desempeñó funciones de asesoría técnica en la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y encabezó el Instituto de Atención Temprana y Justicia Alternativa.
Su trayectoria documenta una circulación entre cargos legislativos, funciones gubernamentales y responsabilidades judiciales.
El nombramiento que abrió la puerta a su candidatura
Uno de los principales cuestionamientos sobre la llegada de Aguilar Gil a la magistratura surgió el 27 de febrero de 2025.
Ese día fue nombrado secretario de acuerdos de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua y quedó encargado del despacho por ministerio de ley.
La designación resultó especialmente relevante porque la reforma judicial local contempló un mecanismo de incorporación directa a las boletas para las personas que ya desempeñaban funciones de magistrados.
De esta manera, Aguilar Gil pudo participar en la elección extraordinaria sin someterse al mismo procedimiento de evaluación previsto para quienes aspiraban a obtener una candidatura desde fuera del cargo.
La organización Alianza Primero de Junio cuestionó este mecanismo y sostuvo que su designación, junto con la de otros participantes, había permitido eludir los filtros ordinarios de selección.
Los inconformes argumentaron que existía una diferencia entre ocupar una magistratura mediante el procedimiento constitucional anterior y asumir temporalmente sus funciones por un nombramiento administrativo.
La controversia llegó a las autoridades jurisdiccionales mediante distintos recursos electorales.
Denuncian posible favoritismo político y vínculos familiares
Durante las discusiones relacionadas con la integración de las candidaturas judiciales, la diputada morenista Leticia Ortega Máynez denunció públicamente el nombramiento de Aguilar Gil y señaló que su incorporación al tribunal le había permitido obtener acceso directo a la elección.
Por otra parte, investigaciones periodísticas de La Verdad Juárez y Raíchali recogieron señalamientos sobre un presunto acercamiento político entre integrantes del PT y el gobierno estatal de María Eugenia Campos Galván.
Los reportes plantearon la posibilidad de que el nombramiento de Aguilar Gil estuviera relacionado con acuerdos políticos gestionados mediante su hermana América Aguilar.
Sin embargo, las publicaciones no constituyen por sí mismas prueba de que Lilia Aguilar, América Aguilar o la gobernadora hayan intervenido ilegalmente para asegurarle el cargo.
La relación familiar está documentada; una conducta de nepotismo, tráfico de influencias o intercambio de favores requiere acreditar actos concretos de intervención indebida.
Impugnaron su candidatura por presuntas irregularidades en los requisitos
Después de los comicios judiciales del 1 de junio de 2025, la organización Alianza Primero de Junio impugnó la elegibilidad de ocho magistrados electos, entre ellos Rubén Aguilar Gil.
Los promoventes cuestionaron que varias candidaturas hubieran accedido directamente al proceso sin acreditar determinados requisitos.
En el caso del hermano de Lilia Aguilar, también plantearon dudas sobre el cumplimiento del promedio académico mínimo y la experiencia profesional exigida para ocupar una magistratura.
Las objeciones quedaron incorporadas en procedimientos judiciales, particularmente en el expediente JIN-231/2025 y sus acumulados.
No obstante, los señalamientos de los inconformes debían ser examinados por las autoridades electorales y no equivalían automáticamente a una demostración de inelegibilidad.
Tribunal Electoral confirmó su acceso directo a la boleta
En la sentencia SUP-JDC-2365/2025 y acumulados, los magistrados electorales examinaron, entre otros asuntos, la elegibilidad de Rubén Aguilar Gil y José Luis Chacón Rodríguez.
Los promoventes argumentaron que ambos habían recibido nombramientos temporales para acceder a las boletas sin participar en los procedimientos ordinarios de selección.
Sin embargo, la Sala Superior consideró infundado ese planteamiento.
El órgano jurisdiccional determinó que las disposiciones aplicables permitían el acceso directo a quienes desempeñaban funciones de magistrados, sin distinguir entre personas designadas formalmente mediante el procedimiento anterior y aquellas que ejercían temporalmente esas responsabilidades.
De esta manera, la autoridad electoral confirmó la interpretación que permitió a Aguilar Gil participar en los comicios.
La resolución avaló jurídicamente su incorporación directa a la elección, aunque el debate público sobre la oportunidad de su nombramiento y los vínculos políticos familiares constituye una cuestión distinta.
El 14 de junio de 2025, el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua entregó las constancias de mayoría y validez a las personas electas para integrar el nuevo Poder Judicial.
Entre los magistrados reconocidos oficialmente figuró Rubén Aguilar Gil, quien registró inicialmente 69 mil 835 votos en la elección de magistraturas penales, de acuerdo con los resultados consignados en la documentación jurisdiccional.
La pertenencia de Aguilar Gil a una familia con representación legislativa y dirigencia partidista, sumada a la oportunidad de su nombramiento previo a la elección, constituye el origen de los cuestionamientos documentados.
