- César Duarte vuelve a tocar la puerta de la Suprema Corte para intentar tumbar uno de los procesos que enfrenta por corrupción. Este miércoles, el Pleno decidió atraer el litigio con el que el exgobernador de Chihuahua busca anular su vinculación por un presunto desvío de 120 millones de pesos, bajo el argumento de que no pudo defenderse antes de que Estados Unidos autorizara procesarlo por un delito distinto al que motivó su extradición.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió este 12 de agosto asumir el estudio de uno de los frentes jurídicos más importantes para César Duarte Jáquez, exgobernador priista de Chihuahua.
Por mayoría de votos y sin discusión en el Pleno, las ministras y ministros aprobaron atraer el amparo en revisión que definirá hasta dónde protege a una persona extraditada la llamada regla de especialidad y si tiene derecho de audiencia antes de que el país que la entregó autorice nuevos procesos penales.
La Corte todavía no ha resuelto el fondo ni ha cancelado la acusación contra Duarte. Lo que decidió este miércoles fue hacerse cargo del asunto y fijar posteriormente un criterio que podría ser relevante para otros casos de extradición.
Duarte busca tumbar proceso por 120 millones de pesos
El litigio tiene su origen en una segunda causa penal abierta contra Duarte en Chihuahua.
En agosto de 2023, el exmandatario fue vinculado a proceso por peculado agravado, acusado de participar en el presunto desvío de 120 millones de pesos del erario estatal mediante una operación en la que, según la Fiscalía, se simularon servicios que nunca fueron prestados.
La causa penal, identificada como 1260/2017, señala que recursos públicos fueron canalizados mediante un contrato con Kepler Soluciones Integrales S.C. La acusación sostiene que el gobierno pagó millones por servicios profesionales que presuntamente no se realizaron.
El problema jurídico apareció porque Duarte había sido extraditado desde Estados Unidos en junio de 2022 para responder originalmente por asociación delictuosa y peculado relacionados con más de 96 millones de pesos.
Estados Unidos autorizó el nuevo proceso
Entre abril y agosto de 2023, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) realizaron gestiones ante Estados Unidos para obtener permiso y poder someter a Duarte a un proceso adicional.
El gobierno estadounidense dio su consentimiento y las autoridades mexicanas procedieron contra el exgobernador por el nuevo caso de peculado agravado.
La defensa de Duarte no discute únicamente la existencia de ese permiso.
Su argumento es que él debió tener derecho a ser escuchado y defenderse dentro del procedimiento mediante el cual México pidió a Estados Unidos ampliar los delitos por los que podía ser juzgado.
¿Qué es la regla de especialidad?
Los tratados de extradición contemplan una protección conocida como principio o regla de especialidad.
En términos simples, significa que una persona entregada por otro país no puede ser detenida, procesada o castigada automáticamente por cualquier delito previo a su extradición distinto de aquellos por los que fue entregada.
Existen excepciones, entre ellas que el Estado que concedió la extradición autorice expresamente el nuevo procesamiento.
En el caso de Duarte, Estados Unidos autorizó proceder por la segunda causa.
Una jueza ya le había dado la razón a Duarte
La batalla jurídica ya produjo una resolución favorable al exgobernador.
Una jueza federal concedió un amparo al considerar que el procedimiento para obtener el consentimiento estadounidense no respetó los derechos de audiencia y seguridad jurídica de Duarte.
La sentencia ordenó dejar sin efectos la audiencia inicial de agosto de 2023, así como actuaciones posteriores vinculadas con esa causa.
Las autoridades federales impugnaron.
Su argumento es que Duarte está confundiendo dos procedimientos diferentes: por un lado, la extradición; por el otro, una gestión diplomática entre Estados soberanos para permitir la persecución de nuevos hechos.
Bajo esa interpretación, el segundo trámite no constituye una nueva extradición ni un juicio penal y, por lo tanto, no requeriría una audiencia previa del extraditado.
Ante la relevancia constitucional del debate, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito pidió que la Suprema Corte asumiera el asunto.
Duarte tiene otro frente abierto por más de 73 millones
Mientras libra esta batalla, César Duarte enfrenta otro proceso distinto en el ámbito federal.
La FGR lo detuvo nuevamente en diciembre de 2025 por su presunta responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Fiscalía sostiene que alrededor de 73 millones 925 mil pesos provenientes del erario de Chihuahua habrían sido sometidos a maniobras para ocultar su origen, dentro de un esquema relacionado con empresas en las que Duarte tenía participación.
Por este caso fue trasladado al penal federal del Altiplano, donde permanece preso. En febrero de 2026 obtuvo una suspensión dentro de ese procedimiento, pero la resolución no ordenó su libertad.
Se trata de un expediente separado del caso que ahora atrajo la Suprema Corte.
La Corte decidirá hasta dónde llega la protección de Duarte
La resolución que eventualmente emita la SCJN puede convertirse en un precedente relevante.
Si la Corte respalda la postura de Duarte, podría establecer que una persona extraditada debe ser escuchada antes de que México obtenga autorización para procesarla por hechos adicionales.
Si rechaza su argumento, fortalecerá la interpretación de que esa autorización constituye una negociación entre gobiernos que no exige una audiencia previa del acusado.
