- Morena respondió a la ofensiva internacional de Alejandro “Alito” Moreno y acusó al dirigente del PRI de buscar en Estados Unidos la fuerza política que perdió en México. El choque ocurre después de que el priista pidió al Departamento de Estado revisar la actuación de tres consejeros del INE.
Morena endureció su respuesta contra Alejandro Moreno Cárdenas luego de que el presidente nacional del PRI trasladó a Washington su disputa con el Instituto Nacional Electoral.
En un posicionamiento difundido este 11 de agosto, el partido sostuvo que Moreno intenta convertir los procesos e investigaciones que lo rodean en una narrativa de persecución política y lanzó una frase directa: “No está defendiendo la libertad; está defendiendo el privilegio de no rendir cuentas”. El pronunciamiento fue retomado públicamente por la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel.
“México no es colonia ni protectorado de ninguna potencia”, sostuvo Morena al cuestionar que el dirigente priista acudiera ante autoridades estadounidenses para combatir una resolución tomada por una institución electoral mexicana.
Alito pide a Estados Unidos actuar contra consejeros del INE
La respuesta tiene un antecedente inmediato. Moreno informó el 10 de agosto que presentó ante el Departamento de Estado de Estados Unidos una denuncia contra los consejeros electorales Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga.
El PRI pidió revisar su actuación bajo la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, legislación que permite al gobierno estadounidense imponer determinadas sanciones por corrupción o graves violaciones a derechos humanos. Moreno sostiene que los consejeros vulneraron su libertad de expresión.
El conflicto comenzó el 29 de julio, cuando la Comisión de Quejas y Denuncias del INE concedió medidas cautelares solicitadas por Morena contra cinco publicaciones de Moreno y cuatro difundidas o replicadas por el PRI.
En ellas se utilizaban expresiones como “narcogobierno”, “narcopartido”, “narcopolíticos”, “narcodictadura” y “cártel de Morena”.
El INE consideró, de manera preliminar, que esas publicaciones podrían implicar la imputación de hechos o delitos falsos sin sustento fáctico. Se trata de una medida cautelar y no de una sentencia definitiva sobre el fondo del asunto.
Moreno argumenta además que, como senador, sus expresiones están protegidas por el artículo 61 de la Constitución, que establece la inviolabilidad de diputados y senadores respecto de las opiniones manifestadas en el desempeño de sus cargos.
Morena rechaza esa interpretación porque las publicaciones cuestionadas fueron difundidas desde la faceta de Moreno como dirigente nacional del PRI.
Ese mismo argumento apareció durante el debate en el Consejo General del INE: se señaló que Moreno compareció en el expediente precisamente en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional priista, no como senador ejerciendo una función parlamentaria.
Los recursos de Moreno y del PRI fueron registrados por la Sala Superior del Tribunal Electoral como SUP-REP-33/2026 y SUP-REP-34/2026, respectivamente. El TEPJF tendrá que definir si las medidas cautelares del INE fueron constitucionales.
Morena recuerda al PRI las reglas electorales
En su posicionamiento, Morena acusó además al tricolor de denunciar ahora como “censura” reglas electorales que apoyó cuando estaba en el poder.
Aquí hay un matiz histórico importante: la prohibición constitucional de la calumnia electoral no nació en 2014, pues ya aparecía en la legislación anterior.
Lo que ocurrió con la reforma político-electoral de febrero de 2014, impulsada durante el gobierno priista de Enrique Peña Nieto, fue una modificación del artículo 41: se eliminó del texto constitucional la prohibición de “denigrar” instituciones y partidos, pero permaneció la restricción relativa a expresiones que calumniaran a personas. Ese mismo año se expidió la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que desarrolló el régimen actualmente utilizado en estos procedimientos.
Ese contexto fortalece el fondo del señalamiento político de Morena, aunque conviene no repetir literalmente que la figura de calumnia “surgió” en 2014.
Viajes de Alito coinciden con proceso de desafuero
La ofensiva internacional de Moreno ocurre además mientras permanece abierto otro frente.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche presentó una solicitud para retirarle el fuero por un presunto desvío de 83.5 millones de pesos durante su administración como gobernador. Moreno niega las acusaciones y sostiene que se trata de persecución política.
Hasta ahora no existe un desafuero aprobado contra el senador. El expediente continúa en la Cámara de Diputados y su análisis podría retomarse con el nuevo periodo ordinario de sesiones.
Mientras ese proceso sigue su ruta, Moreno ha intensificado sus viajes a Washington: suma tres durante 2026 y cinco desde el comienzo del sexenio de Claudia Sheinbaum. También anunció que llevará sus denuncias ante la ONU, la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
