- El gobierno de Claudia Sheinbaum prepara una renovación de fondo de la legislación ambiental mexicana. La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, presentó una iniciativa para actualizar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), vigente desde 1988, e incorporar justicia ambiental, cambio climático, restauración ecológica y nuevas herramientas para proteger a comunidades y defensores del territorio.
La propuesta busca responder a problemas como la emergencia climática, la pérdida acelerada de biodiversidad y la contaminación de mares y costas. El proyecto será enviado al Congreso y Bárcena planteó que pueda atravesar también por un proceso de Parlamento abierto.
La titular de Semarnat explicó que la intención es abandonar una visión en la que la protección de la naturaleza aparece separada del desarrollo económico y colocar en el centro a las personas, comunidades, pueblos indígenas y afromexicanos. La dependencia sostiene que la actualización también dará mayor certeza jurídica tanto a las comunidades como a las inversiones.
Entre los diez principios presentados se encuentran prevenir el daño antes que repararlo, restaurar ecosistemas, incorporar el conocimiento científico y los saberes tradicionales, avanzar hacia una economía que reutilice los recursos y proteger a quienes defienden la naturaleza y los bienes públicos.
La nueva legislación también incorporará conceptos de restauración, reparación y remediación ambiental que, de acuerdo con Bárcena, no estaban contemplados de manera suficiente en el marco original.
Grandes obras tendrán que evaluarse de manera integral
Uno de los cambios relevantes será la creación de una evaluación estratégica de impacto ambiental para proyectos de gran escala.
Bárcena explicó que actualmente una obra puede evaluarse por partes. Con el nuevo instrumento, proyectos como una línea ferroviaria tendrían que analizarse en su conjunto y desde una perspectiva regional, evitando que su impacto ambiental se fragmente artificialmente.
“En lugar de analizar tramo por tramo, estamos proponiendo una evaluación estratégica de todo el proceso”, señaló la secretaria.
La medida busca fortalecer la prevención antes de que comiencen las obras y permitir que las autoridades valoren los efectos acumulados sobre ecosistemas y comunidades. La Semarnat ha adelantado que este instrumento será una de las principales novedades de la actualización.
Empresas deberán responsabilizarse por los residuos que generan
La reforma ambiental avanzará en paralelo con la Ley General de Economía Circular, publicada en enero de este año, cuyo eje central es la llamada Responsabilidad Extendida del Productor.
El principio implica que una empresa no se desentienda de un producto después de venderlo. Fabricantes de botellas de PET, envases, neumáticos y otros bienes deberán participar también en la recuperación, reciclaje o tratamiento de los residuos que generan.
Bárcena explicó que Semarnat trabaja con sectores empresariales para establecer esquemas específicos y señaló que el gobierno busca reducir especialmente los plásticos de un solo uso, además de incrementar su reciclaje.
La funcionaria indicó que la nueva política se ha dialogado con organismos como el Consejo Coordinador Empresarial y la Concanaco, además de sectores como las industrias química y hulera. La intención, dijo, combina obligaciones ambientales con mecanismos de autorregulación, auditorías e inspecciones. La propia Semarnat ha defendido que el sector privado debe formar parte de la transición hacia una economía circular.
Semarnat pone bajo lupa ampliación del puerto de Manzanillo
Durante la conferencia también se abordó la ampliación del puerto de Manzanillo sobre la Laguna de Cuyutlán, uno de los proyectos que han provocado preocupación entre pescadores, salineros y organizaciones ambientales de Colima.
Bárcena aseguró que la Manifestación de Impacto Ambiental modificada todavía se encuentra bajo revisión y explicó que Semarnat trabaja con la Secretaría de Marina y especialistas para garantizar que el proyecto incorpore medidas de protección para la laguna, sus humedales y manglares.
La funcionaria planteó incluso la creación de una zona protegida asociada al proyecto portuario.
Semarnat ha señalado anteriormente que el vaso II de Cuyutlán forma parte de un sitio Ramsar y que la laguna constituye uno de los humedales costeros más importantes de México. La dependencia reconoció además que pescadores, salineros, cooperativas y colectivos ambientales han expresado oposición y observaciones al proyecto.
Ciencia para enfrentar sargazo, plásticos y deterioro ambiental
Bárcena destacó también la coordinación entre Semarnat y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación para incorporar a universidades y especialistas en la política ambiental.
De acuerdo con la secretaria, científicos participan en investigaciones relacionadas con el sargazo, minerales críticos, contaminación por plásticos y el estado ambiental del Golfo de México.
La reforma contempla que el conocimiento científico tenga mayor peso en las decisiones gubernamentales, pero también que dialogue con los conocimientos tradicionales y pueblos indígenas.
