- Familiares de personas desaparecidas y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua acusaron a la gobernadora Maru Campos de evitar una audiencia pública solicitada desde principios de agosto, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
El colectivo buscaba presentar propuestas de política pública, discutir presupuesto y exigir cuentas sobre las labores de búsqueda e identificación forense en la entidad.
De acuerdo con el Cedehm, la solicitud fue presentada el 7 de agosto con fundamento en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua y su reglamento.
La intención era sostener un encuentro directo con la gobernadora para plantear propuestas y revisar la respuesta institucional ante la crisis de desapariciones.
Sin embargo, el plazo para responder venció el 20 de agosto sin que, según el colectivo, Maru Campos emitiera una contestación directa.
Las familias señalaron que el 19 de agosto recibieron un oficio de la Fiscalía General del Estado, una autoridad que —subrayaron— no era la competente para resolver la solicitud de audiencia.
Según el Cedehm, el documento tampoco concedió ni negó formalmente el encuentro y se limitó a reconocer la relevancia de los planteamientos y a manifestar disposición para atenderlos.
El colectivo consideró que esa respuesta no cumplió con lo solicitado originalmente.
Gobierno propuso otro encuentro sin Maru Campos
Tras no concretarse la audiencia, las familias recibieron una invitación para participar en un encuentro distinto, organizado bajo un formato definido por las propias autoridades y sin la presencia de la gobernadora.
El Cedehm cuestionó esta alternativa al considerar que sustituyó una audiencia pública reconocida por la ley por un evento diseñado de manera unilateral.
“Es lamentable que la máxima autoridad de un estado, con miles de personas desaparecidas, se haya negado a escuchar de viva voz a quienes las buscan”, señaló la organización.
Los colectivos adelantaron que emprenderán acciones legales por la omisión de la mandataria estatal.
Argumentaron que, en lugar de negar formalmente la audiencia y justificar esa decisión por escrito, el gobierno simplemente sustituyó el mecanismo solicitado por otro encuentro en condiciones distintas.
Además, convocaron a una manifestación frente al Palacio de Gobierno para exigir atención directa a las familias de personas desaparecidas.
