- Una auditoría del Órgano Interno de Control revela que el INE defendió documentación fiscal de Comercializadora JVLY pese a que el SAT identificó un folio perteneciente a otra empresa. El contrato se firmó durante la presidencia de Guadalupe Taddei y la proveedora ha sido vinculada por investigaciones periodísticas con la empresa Cajas Graf, de Alfredo Casillas.
El Instituto Nacional Electoral (INE) intentó justificar documentación fiscal irregular presentada por una empresa que participó en un contrato para operar el voto electrónico de mexicanos residentes en el extranjero. Sin embargo, las explicaciones de sus áreas administrativas no convencieron al Órgano Interno de Control (OIC).
De acuerdo con la cédula de recomendaciones fechada el 25 de febrero de 2026, las autoridades fiscales confirmaron que uno de los folios utilizados por Comercializadora JVLY correspondía a una compañía completamente distinta.
Pese a ello, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios sostuvo que la diferencia de una letra en el nombre de la empresa no representaba una irregularidad sustantiva.
El OIC rechazó esa explicación y mantuvo la observación sin solventar.
Los hechos ocurrieron alrededor del contrato INE/066/2023, firmado el 29 de diciembre de 2023, durante la presidencia de Guadalupe Taddei Zavala, con un consorcio integrado por Voatz Inc., Comercializadora JVLY e Ideeo Labs.
El SAT desmintió la explicación del INE
La documentación presentada por Comercializadora JVLY incluía una opinión positiva de cumplimiento fiscal fechada el 26 de diciembre de 2023.
Durante la revisión, los auditores encontraron dos anomalías: el folio no correspondía a la proveedora y el código QR dirigía a un dominio ajeno al servicio oficial del Servicio de Administración Tributaria.
El 16 de diciembre de 2025, el SAT confirmó que el folio correspondía a Fabricante Eléctrico Nacional CSF, S.A. de C.V.
El 13 de enero de 2026, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios respondió que la variación del nombre no resultaba sustantiva y que el RFC coincidía con la documentación entregada.
El OIC consideró insuficiente la justificación. Además, señaló que el área administrativa no acreditó haber realizado la consulta obligatoria del cumplimiento fiscal antes de formalizar el contrato.
Documentos de otra empresa y 76 trabajadores sin respaldo
Los hallazgos no se limitaron al SAT.
El OIC también detectó irregularidades en un acuse de declaración provisional presentado por JVLY: mientras las primeras dos hojas contenían información de la contratista, la tercera pertenecía a SAIDPRO, otra compañía.
En materia laboral, la empresa presentó documentación del Instituto Mexicano del Seguro Social que reportaba 76 trabajadores activos.
No obstante, el IMSS informó a los auditores que los registros patronales consultados habían causado baja desde agosto de 2022.
Por separado, el SAT comunicó que no localizó comprobantes de nómina correspondientes a 2022, 2023 y 2024.
La administración Taddei, defendió la validez de los documentos y presentó verificaciones posteriores. Sin embargo, estas respuestas no acreditaron que los controles se realizaran oportunamente.
La pregunta es inevitable: ¿cómo logró formalizarse un contrato público cuando las comprobaciones fiscales y laborales presentaban inconsistencias que posteriormente confirmaron las autoridades?
JVLY y sus vínculos con Cajas Graf
El caso cobra relevancia por las conexiones empresariales que han identificado otras investigaciones periodísticas.
Este 27 de octubre, la periodista Alejandra Canchola, de El Universal, reportó que Comercializadora JVLY está vinculada con el conglomerado de José Alfredo Hernández Casillas (Alejandra Canchola, El Universal Hidalgo, 27 de octubre de 2026).
La publicación documentó que JVLY recibió un contrato de 129.7 millones de pesos del Instituto Electoral de Puebla para suministrar materiales electorales y de simulacro en marzo de 2024.
Por su parte, una investigación de La Razón, publicada el 26 de octubre, identificó la participación de JVLY junto con Formas Finas y Materiales y otras proveedoras en un consorcio de contratación electoral en Oaxaca.
El mismo medio documentó contratos de diversas empresas asociadas periodísticamente con los hermanos Hernández Casillas, entre ellas Cajas Graf y Formas Finas.
Otro elemento relevante aparece en los trabajos de la Auditoría Superior de la Federación: JVLY presentó visitas de supervisión efectuadas en instalaciones de Formas Finas.
El INE desembolsó más de 31 millones pese a contrato chueco
El contrato produjo servicios y pagos verificables.
El OIC identificó cuatro transferencias a Ideeo Labs, integrante del consorcio, que sumaron 31 millones 260 mil 39.69 pesos.
Los auditores también aceptaron documentación correspondiente al periodo de votación vinculante y 144 mil 740 folios que coincidían con las licencias facturadas.
Estas aclaraciones permitieron solventar observaciones relativas a determinados pagos y entregables.
Sin embargo, no resolvieron las anomalías fiscales y las omisiones en los controles de contratación.
Las responsabilidades que quedaron pendientes tras la salida de Taddei
La Ley General de Responsabilidades Administrativas contempla sanciones por presentar información falsa para obtener beneficios o ventajas en contrataciones públicas.
Asimismo, el Código Penal Federal establece consecuencias para determinadas conductas relacionadas con el uso consciente de documentos falsos.
Bajo la Presidencia de Taddei, áreas administrativas del INE formalizaron al menos un contrato con documentación cuestionada por autoridades federales y posteriormente defendieron inconsistencias que el órgano fiscalizador consideró no solventadas.
