Red ligada a Taddei obtuvo 123 mdp por elección judicial
La polémica por las contrataciones electorales vinculadas al entorno de Guadalupe Taddei sigue creciendo. Una investigación de El Universal reveló que Cajas Graf y Litho Formas obtuvieron contratos por más de 123 millones de pesos durante la elección judicial de 2025, mediante adjudicaciones de cinco organismos electorales estatales.
Las compañías están relacionadas, con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, identificado como cercano a la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).
Cinco estados entregaron contratos millonarios
Los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de Quintana Roo, Sonora, San Luis Potosí, Coahuila y Nayarit contrataron a las empresas para producir y suministrar material electoral durante los comicios judiciales.
Quintana Roo encabezó la lista con 50.6 millones de pesos. El instituto local adjudicó 34.7 millones a Litho Formas y amplió las contrataciones con 15.8 millones adicionales para Cajas Graf.
En Sonora, Cajas Graf consiguió contratos y ampliaciones por 31 millones de pesos, mientras que San Luis Potosí destinó 16.8 millones a Litho Formas.
Coahuila y Nayarit también contrataron a esta última compañía por 16.8 y 7.5 millones de pesos, respectivamente.
Investigan presunta competencia simulada entre empresas
El escándalo no se limita a los montos. La investigación señala que varias compañías vinculadas con Hernández Casillas participaron en los mismos procedimientos de contratación, lo que abrió sospechas sobre posibles acuerdos para aparentar competencia.
Entre los casos documentados figura una licitación en Quintana Roo, donde Litho Formas compitió con otras empresas señaladas como integrantes de la misma red empresarial.
Los antecedentes revisados por la prensa también apuntan a coincidencias de domicilios, representantes legales y vínculos corporativos entre distintos proveedores.
El escándalo alcanza la gestión de Guadalupe Taddei
Las nuevas revelaciones aumentan los cuestionamientos sobre el sistema de contrataciones electorales durante la administración de Guadalupe Taddei.
El caso deja una pregunta central: ¿cómo pudieron empresas presuntamente relacionadas entre sí acumular contratos millonarios en distintos organismos electorales sin que los mecanismos de competencia detectaran oportunamente las posibles irregularidades?
La elección judicial de 2025 terminó, pero la revisión de los contratos apenas comienza a exhibir la dimensión de una red empresarial que durante años obtuvo recursos públicos para fabricar material electoral.
