- La autoridad antimonopolio acumuló al menos 69 notificaciones contra empresas ligadas a los hermanos Hernández Casillas por posibles prácticas monopólicas en contrataciones de material electoral del INE y de los OPLE. El caso atravesó la gestión de Lorenzo Córdova y llegó intacto al periodo de Guadalupe Taddei.
El Instituto Nacional Electoral (INE) cargó durante años con un problema que hoy retrata el tamaño del desaseo en sus compras: 69 procesos o notificaciones por posibles prácticas monopólicas vinculadas a la adquisición de material y documentación electoral.
De acuerdo con una investigación de El Universal, las notificaciones abarcan de julio de 2022 a octubre de 2026 y se relacionan con empresas ligadas a José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, señaladas por una posible simulación de competencia en licitaciones públicas.
El dato revienta por igual a dos etapas del instituto: la de Lorenzo Córdova, cuando arrancó la investigación, y la de Guadalupe Taddei, bajo cuya gestión el expediente siguió creciendo sin que el problema desapareciera.
La investigación arrancó con Lorenzo Córdova y siguió con Taddei
Según el reporte, la indagatoria de la autoridad antimonopolio comenzó el 7 de julio de 2022, cuando Lorenzo Córdova todavía presidía el INE.
El expediente se abrió por hechos que podrían constituir prácticas monopólicas absolutas en el mercado de contratación pública para adquirir material y documentación electoral.
Desde entonces, el caso siguió avanzando y acumulando notificaciones incluso ya en tiempos de Guadalupe Taddei.
Es decir, no se trata de un señalamiento aislado ni de un episodio reciente, sino de un esquema que atravesó dos administraciones del órgano electoral sin una solución de fondo.
Empresas bajo la lupa por simular competencia
Las notificaciones fueron dirigidas a representantes de empresas como Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo Zeg y Diseño, Reconstrucción y Comunicación, todas vinculadas a la red empresarial de los hermanos Hernández Casillas.
La sospecha central es grave: que estas compañías habrían simulado competir entre sí en procesos de licitación para influir en precios, repartirse contratos y distorsionar el mercado.
El año pasado, el titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, ya había advertido ante la Cámara de Diputados que existían indicios de una presunta concentración de mercado, así como cambios en objetos sociales y coincidencias entre empresas que apuntaban a posibles arreglos para obtener contratos.
La red no sólo tocó al INE, también a los OPLE
El problema no quedó encerrado en el instituto nacional.
La investigación apunta que, sumados los contratos del INE y de los organismos públicos locales electorales, esta red empresarial habría acumulado más de mil 461 millones de pesos en adjudicaciones.
Eso confirma que el presunto esquema no operó en un solo punto, sino que se expandió por distintas instituciones electorales del país.
Y ahí está el tamaño del escándalo: mientras el discurso oficial del INE hablaba de legalidad y certeza, por debajo crecían expedientes por posibles maniobras para controlar contrataciones clave del sistema electoral.
El INE enfrenta otra herencia de opacidad
El caso exhibe una continuidad incómoda entre el viejo aparato de Lorenzo Córdova y la administración de Guadalupe Taddei.
Porque si la investigación arrancó en 2022 y para octubre de 2026 ya sumaba 69 notificaciones, entonces el problema no fue accidental: se toleró, se arrastró y no se corrigió a tiempo.
En un país que exige elecciones limpias, el árbitro no puede permitirse sombras de concentración empresarial, simulación de competencia y contratos bajo sospecha.
