- La Secretaría de Hacienda reforzó las reglas contra el lavado de dinero en México: la vigilancia sobre Personas Políticamente Expuestas (PEP) no sólo alcanzará a funcionarios y dirigentes políticos, sino también a familiares cercanos, socios y personas vinculadas patrimonialmente con ellos.
El cambio también amplía el número de negocios y actividades obligados a aplicar controles, con el objetivo de cerrar espacios para ocultar recursos ilícitos mediante prestanombres, empresas o relaciones familiares.
Las nuevas reglas consideran como Persona Políticamente Expuesta a quien desempeña o desempeñó funciones públicas relevantes en México o en el extranjero, incluidos altos funcionarios gubernamentales, judiciales o militares, dirigentes políticos, altos ejecutivos de empresas estatales y miembros relevantes de partidos u organizaciones internacionales.
Pero la vigilancia no termina ahí.
La regulación equipara para efectos de prevención a cónyuges, concubinas, concubinarios y familiares por consanguinidad o afinidad hasta segundo grado, además de asociados o socios de empresas con las que la PEP mantenga vínculos patrimoniales.
Esto no significa que ser familiar de un político implique un delito, sino que las operaciones relacionadas con esos perfiles deberán estar sujetas a medidas reforzadas de identificación y análisis cuando corresponda.
La vigilancia ya no será exclusiva de los bancos
Uno de los cambios más relevantes es la extensión de estos controles más allá del sistema bancario.
Las obligaciones alcanzarán a quienes realizan las llamadas Actividades Vulnerables contempladas por la legislación antilavado, entre ellas operaciones inmobiliarias, comercialización de vehículos, obras de arte, juegos y sorteos, traslado o custodia de valores, determinados servicios de fe pública y operaciones con activos virtuales.
En otras palabras: la lupa sobre el movimiento de recursos de funcionarios, políticos y personas vinculadas con ellos tendrá más puntos de control.
Exfuncionarios también seguirán bajo vigilancia
Para las PEP nacionales, dejar el cargo tampoco elimina inmediatamente esa clasificación.
Las disposiciones contemplan que quienes hayan ocupado esas funciones continúen considerados dentro de esta categoría durante el año siguiente a la conclusión de su encargo.
La medida busca impedir que recursos cuyo origen resulte sospechoso se muevan inmediatamente después de abandonar una responsabilidad pública.
Hacienda endurece el sistema contra operaciones sospechosas
El cambio forma parte de una modificación más amplia de las Reglas de Carácter General de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
El acuerdo incorpora herramientas como clasificación de clientes según su riesgo, mayor conocimiento del beneficiario controlador, mecanismos automatizados, controles internos y nuevas disposiciones específicas para Personas Políticamente Expuestas.
El Diario Oficial confirma que Hacienda publicó las modificaciones el 7 de agosto de 2026. La entrada en vigor general será el 30 de noviembre, aunque diversas obligaciones tendrán fechas posteriores de implementación.
