- La fiscal Ernestina Godoy confirmó que México busca llevar ante la justicia a la exconductora, detenida en Estados Unidos, por delitos fiscales, lavado de dinero y delincuencia organizada.
La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy Ramos, informó este lunes 2 de noviembre que Inés Gómez Mont enfrenta tres órdenes de aprehensión vigentes en México, tras su detención el pasado 30 de octubre en Florida, Estados Unidos.
La fiscal explicó que las autoridades estadounidenses detuvieron a la exconductora por su situación migratoria y aclaró que, si ese país determina deportarla, México ejecutará inmediatamente las órdenes judiciales pendientes.
¿Qué dijo la FGR sobre Inés Gómez Mont?
Ernestina Godoy detalló que una de las órdenes de aprehensión corresponde a presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las otras dos están relacionadas con defraudación fiscal equiparada.
De acuerdo con las investigaciones, Gómez Mont habría recibido dinero de procedencia ilícita mediante un esquema de triangulación de recursos públicos y empresas fantasma vinculadas con contratos del sistema penitenciario federal.
La FGR también la acusa de omitir el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos, al declarar ingresos inferiores a los realmente obtenidos durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2016.
¿Quién es Inés Gómez Mont y por qué la buscan?
Inés Gómez Mont es una exconductora de televisión mexicana, conocida por participar en programas como Ventaneando y Los 25+. También es esposa del empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, señalado en investigaciones por presuntas operaciones financieras ilícitas.
Desde 2021, ambos enfrentan investigaciones relacionadas con una presunta red de empresas fantasma que habría operado mediante contratos públicos millonarios destinados a servicios del sistema penitenciario federal.
¿Cuándo regresará Inés Gómez Mont a México?
La FGR informó que desde septiembre de 2025 solicitó a Estados Unidos su detención provisional con fines de extradición y mantiene coordinación con el Departamento de Justicia estadounidense.
Por ahora, su posible deportación depende de las autoridades de Estados Unidos, mientras que los tribunales mexicanos deberán determinar su responsabilidad penal.
