- El Gobierno de Donald Trump abrió un nuevo frente contra la comunidad migrante en Estados Unidos desde los bancos. Reguladores federales pidieron reforzar la revisión de créditos para personas sin autorización legal de trabajo, bajo el argumento de que representan un mayor “riesgo financiero”.
La medida no prohíbe expresamente que reciban préstamos, pero entrega a bancos y cooperativas argumentos para negar hipotecas, tarjetas, financiamientos automotrices y otros productos. El muro, ahora, también pretende levantarse desde las ventanillas bancarias.
La Oficina del Contralor de la Moneda, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos y la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito publicaron una guía conjunta dirigida a las instituciones financieras bajo su supervisión.
El documento sostiene que prestar dinero a personas sin autorización legal para trabajar puede implicar un riesgo elevado, debido a la posibilidad de que pierdan su empleo, sufran interrupciones en sus ingresos o sean expulsadas del país.
Los reguladores solicitaron a las instituciones identificar, medir y controlar esos supuestos riesgos mediante evaluaciones más estrictas sobre la capacidad y disposición de cada persona para pagar sus deudas.
Aunque la guía no ordena rechazar automáticamente las solicitudes, en la práctica deja un amplio margen para endurecer requisitos, elevar barreras o negar financiamientos por la situación migratoria del solicitante.
Trump convierte la deportación en criterio financiero
Entre los escenarios que los bancos podrán analizar se encuentran la pérdida del empleo por falta de autorización laboral, el vencimiento de permisos, la imposibilidad de conseguir otro trabajo legal y una eventual deportación.
Las autoridades también plantean que las instituciones revisen recibos de nómina, formularios fiscales W-2, declaraciones de impuestos, estados de cuenta, constancias patronales y pruebas de que el permiso de trabajo continuará vigente.
En los créditos respaldados por bienes, como automóviles, el Gobierno estadounidense argumentó que podría resultar más difícil localizar al deudor o recuperar la garantía en caso de que sea deportado.
Es decir, la administración Trump intenta convertir la amenaza creada por su propia política de persecución migratoria en una justificación para cerrarles el acceso al sistema financiero.
La medida alcanza hipotecas y tarjetas de crédito
La guía retoma una declaración publicada el 8 de junio por la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, que recordó a los acreedores su obligación de comprobar que los clientes tienen capacidad para pagar hipotecas y cubrir los pagos mínimos de sus tarjetas.
El organismo señaló que la legislación estadounidense permite considerar el estatus migratorio cuando este influya directamente en la continuidad de los ingresos o en las posibilidades de recuperar el dinero prestado.
Sin embargo, la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito mantiene la prohibición de discriminar por raza, color, religión, origen nacional, sexo, estado civil o edad. El estatus migratorio no debe utilizarse como disfraz para aplicar una exclusión racista o contra comunidades específicas.
El alcance formal del documento se concentra en personas sin autorización legal de trabajo, no necesariamente en toda la población indocumentada. Aun así, el endurecimiento puede generar revisiones indiscriminadas contra familias latinas y comunidades migrantes.
Las nuevas directrices derivan de la Orden Ejecutiva 14406, firmada por Trump el 19 de mayo de 2026 bajo el nombre de “Restaurar la integridad del sistema financiero de Estados Unidos”.
Desde ese decreto, la Casa Blanca calificó los préstamos otorgados a personas sin permiso laboral como una amenaza para la “seguridad y solidez” del sistema bancario, y ordenó a las dependencias financieras desarrollar medidas para limitar esos supuestos riesgos.
