El informe del OIC del INE no solo contradice a Guadalupe Taddei sobre la revisión previa de contrataciones de personal: también advierte que sus recomendaciones preventivas no fueron atendidas cabalmente en determinados procedimientos.
Durante el primer semestre de 2026, el órgano formuló 377 recomendaciones en 30 sesiones sobre adquisiciones y obras públicas y, ante incumplimientos detectados, dio vista a la autoridad investigadora. El documento subraya que su asesoría no implica aprobar ni convalidar contrataciones: la responsabilidad permanece en las áreas administrativas. La presencia del OIC, por tanto, no constituye un aval de las decisiones del INE.
La aclaración se da en el marco del informe entregado a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados al que Subjetivo tuvo acceso. El mismo reporta 16 expedientes de investigación y 25 indagatorias adicionales sobre contrataciones.
El OIC del INE informó a los Diputados de posibles conflictos de interés, documentación inconsistente, recursos pendientes de aclaración y sanciones administrativas.
El OIC rechaza que avale previamente las contrataciones de personal
En el oficio INE/OIC/0182/2026, el órgano califica de imprecisa la afirmación de la consejera presidenta de que la contratación de personal se somete a su revisión. Precisa que esas decisiones corresponden a las unidades administrativas que requieren, aprueban y formalizan las contrataciones.
El informe señala que no existe una disposición o procedimiento que faculte al OIC para revisar, validar o autorizar esas contrataciones antes de que ocurran. Sí puede comprobar la veracidad de las declaraciones de personas servidoras públicas y abrir investigaciones cuando encuentre indicios de discrepancias u omisiones.
De dónde salen las 41 investigaciones
Entre 2025 y 2026, se iniciaron 16 expedientes vinculados con hechos difundidos públicamente. Once corresponden a contrataciones públicas y comprenden, según el informe, a por lo menos 15 personas servidoras y exservidoras públicas, ocho personas físicas y 18 personas morales.
El documento también señala una reserva de información cuestionada sobre el contrato INE/050/2025, correspondiente al Centro Estratégico de Seguridad Integral, destinado a modernizar la videovigilancia y el control de accesos del Instituto Nacional Electoral.
Según el informe, el INE invocó razones de seguridad nacional para reservar información durante cinco años, pero la Autoridad Garante determinó que no existía sustento suficiente para ocultar el monto adjudicado y la identidad de la empresa. Mediante la resolución AG-INE/RRA-6/2026, del 18 de marzo, ordenó transparentar el contrato. Se trata de una reserva injustificada según lo reportado por el OIC.
El IOC también reportó 25 investigaciones adicionales en materia de contrataciones, derivadas de seis ejercicios de auditoría y ocho revisiones de control. Las conductas descritas incluyen posibles conflictos de interés, uso irregular de recursos, simulación de requisitos, abuso de funciones y deficiencias en la supervisión o pago de bienes y servicios
El balance previo registra 37.8 millones de pesos por aclarar
El Informe Previo de Gestión y Resultados 2026 del OIC, revela en su apartado financiero, montos por aclarar de hasta 37 millones 783 mil 721.30 pesos, relacionados con posible falta de comprobación de servicios, conceptos no ejecutados en remodelaciones de módulos de atención ciudadana y apoyos a la investigación científica.El balance también registra recuperaciones en proceso por 138 mil 649.50 pesos.
Observaciones preliminares no son sanciones firmes
El informe del 26 de octubre indica que el 9 de octubre se notificaron 45 cédulas de observaciones preliminares sobre procedimientos de contratación realizados entre el 1 de diciembre de 2024 y el 31 de mayo de 2026. Entre los posibles hallazgos menciona documentación falsa o alterada, conflictos de interés, recursos sin comprobación y proveedores sin capacidad acreditada.
En un apartado distinto reporta 20 sanciones emitidas desde enero de 2025: 19 inhabilitaciones y una suspensión de 30 días. Las sanciones económicas acumuladas alcanzan 1.6 millones de pesos.
También refiere la inhabilitación de Bell-Krom el 2 de octubre por incumplimientos en la entrega de chamarras electorales. La resolución íntegra y el estado de posibles impugnaciones no fueron revisados
La postura del INE y lo que falta acreditar
El 24 de octubre, antes del informe más reciente, la otrora Presidencia del INE expresó su respaldo a las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación y señaló que había remitido antecedentes al OIC.
La fiscalización del gasto electoral ya había generado otros señalamientos, como el antecedente sobre pagos por 6.2 millones de pesos en el INE sin acreditar servicios.
