Morena acusa a expresidentes conservadores de presionar por Ruffo

  • La dirigencia nacional de Morena rechazó el intento de 25 expresidentes de convertir el proceso judicial contra Ernesto Ruffo Appel en una supuesta “persecución política”. El partido sostuvo que las acusaciones deben resolverse ante los tribunales mexicanos, no mediante desplegados firmados entre viejos aliados.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, acusó a integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas —conocida como Grupo IDEA— de intentar presionar desde el extranjero a las instituciones mexicanas por el caso del exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.

El organismo difundió un pronunciamiento firmado por 25 exjefes de Estado y de Gobierno, entre ellos Felipe Calderón, Vicente Fox, José María Aznar, Mariano Rajoy, Mauricio Macri, Álvaro Uribe e Iván Duque. Los firmantes calificaron la detención de Ruffo como una presunta persecución instrumentada desde el poder y cuestionaron el sistema judicial mexicano.

Montiel respondió que los exmandatarios tienen derecho a pronunciarse, pero no a sustituir a los tribunales mexicanos ni a entregar “absoluciones anticipadas” a sus aliados políticos.

“Quienes hoy se autoproclaman guardianes de la democracia carecen de autoridad moral para darle lecciones al pueblo de México”, señaló la dirigente morenista, quien recordó los antecedentes de represión social, espionaje, intervenciones electorales y violaciones a derechos humanos durante algunos de los gobiernos representados en el desplegado.

Morena rechaza que el caso Ruffo sea una venganza

La dirigencia guinda sostuvo que el procedimiento contra Ruffo no nació de una diferencia política, sino de una investigación iniciada tras el aseguramiento de más de 15 millones de litros de combustible transportados en 129 carrotanques localizados en Coahuila durante julio de 2025.

Aquel operativo abrió una investigación sobre las operaciones de Ingemar, empresa aduanal de la cual Ruffo era accionista. La Fiscalía General de la República sostiene que los involucrados declaraban volúmenes menores a los transportados realmente para introducir combustibles y evadir el pago de impuestos.

“No se admiten condenas anticipadas desde el poder, pero tampoco absoluciones anticipadas expedidas entre amigos y correligionarios”, remarcó Montiel al defender la soberanía de las instituciones mexicanas frente a las presiones políticas internacionales.

Ruffo permanece vinculado a proceso por huachicol fiscal

Una jueza federal vinculó a proceso a Ernesto Ruffo y a otras siete personas por su probable participación en delitos de delincuencia organizada, contrabando y operaciones ilícitas relacionadas con hidrocarburos.

La juzgadora consideró que la FGR presentó datos suficientes para iniciar formalmente el proceso penal. También ratificó la prisión preventiva contra Ruffo y otros señalados, quienes permanecen recluidos en el penal federal del Altiplano mientras avanza la investigación complementaria.

La vinculación a proceso no representa una sentencia condenatoria. Ruffo conserva su derecho a la defensa y la presunción de inocencia hasta que un tribunal emita una resolución definitiva.

El exgobernador ha sostenido que Ingemar solamente realizaba trámites aduanales y que desconocía cualquier irregularidad en los cargamentos. Sin embargo, la Fiscalía ubica a la compañía dentro del esquema utilizado para importar, distribuir y comercializar combustible sin cubrir correctamente las obligaciones fiscales.

Una investigación de El País, basada en registros comerciales y aduanales, calculó que la red relacionada con Ingemar movilizó más de 800 millones de litros de gasolina y diésel desde Estados Unidos durante 15 meses.

El medio estimó un daño mínimo de 5 mil 400 millones de pesos para el erario. El esquema habría operado mediante miles de movimientos ferroviarios y carreteros, principalmente por las aduanas de Nuevo Laredo y Ciudad Camargo, en Tamaulipas.

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