- El Gobierno de Claudia Sheinbaum elevó la presión sobre las autoridades migratorias de Estados Unidos. El embajador Roberto Lazzeri sostuvo una reunión directa con la cúpula del ICE para exigir investigaciones, acceso consular y garantías que impidan nuevas muertes de mexicanos durante operativos o bajo custodia.
El embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri Montaño, y la subsecretaria para América del Norte de la Cancillería, Cristina Planter, se reunieron en Washington con el director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, David Venturella, y con el subdirector de la agencia, Charles Wall.
El encuentro se realizó por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum y del canciller Roberto Velasco, dentro de una agenda para reforzar la protección de la comunidad mexicana frente al endurecimiento de la política migratoria estadounidense.
Durante la reunión, México demandó que las autoridades estadounidenses esclarezcan cada fallecimiento, notifiquen inmediatamente a las familias y permitan que los consulados intervengan de manera oportuna cuando un mexicano resulte detenido.
Ambas partes también acordaron explorar mecanismos de coordinación para evitar que los casos vuelvan a repetirse. La delegación mexicana subrayó que la aplicación de las leyes migratorias no puede colocarse por encima de la vida, la dignidad y los derechos humanos.
SRE documentó 17 mexicanos fallecidos
El último balance consolidado de la Secretaría de Relaciones Exteriores reportó 17 mexicanos fallecidos en hechos vinculados con acciones del ICE desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump: 14 murieron dentro de centros de detención y tres durante operativos migratorios.
La Cancillería también había enviado 11 notas diplomáticas de protesta para exigir información y el esclarecimiento de los casos. Ante la falta de respuestas suficientes, el Gobierno de México decidió pasar del reclamo diplomático a las acciones jurídicas.
México solicitó formalmente a fiscalías estatales estadounidenses abrir investigaciones penales y anunció que presentaría una petición similar ante el Departamento de Justicia. La estrategia también contempla posibles demandas civiles contra empresas privadas que administran centros de detención migratoria.
Las autoridades mexicanas comenzaron, además, a enviar requerimientos a instalaciones donde murieron connacionales para exigir el cese de prácticas como la falta de atención médica oportuna. El primer centro señalado fue el de Adelanto, California, donde fallecieron cuatro mexicanos.
Caso Lorenzo Salgado detonó presión sobre el ICE
La ofensiva diplomática y legal tomó fuerza después de la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, mexicano de 52 años que llevaba aproximadamente 35 años viviendo en Estados Unidos y no tenía antecedentes penales. Un agente del ICE le disparó durante un operativo en Houston, Texas.
El Departamento de Seguridad Nacional aseguró que Salgado intentó embestir con su vehículo a los agentes. Sin embargo, tres trabajadores que viajaban con él contradijeron esa versión y afirmaron que ningún funcionario estuvo en peligro. Las investigaciones permanecen abiertas.
Salgado ni siquiera era el objetivo principal del despliegue migratorio, según información difundida después del ataque. El caso desató protestas, reclamos de su familia y llamados para que una autoridad independiente investigue el uso de la fuerza.
Otro mexicano murió durante operativo en Florida
La crisis podría superar el balance oficial de 17 casos. El 14 de julio, un mexicano de 28 años murió atropellado por un tractocamión mientras escapaba de agentes federales durante un operativo migratorio en una gasolinera de St. Augustine, Florida.
La Presidenta encargó a la Cancillería identificar al connacional y brindar asistencia a sus familiares. Hasta la publicación del último informe consultado, la SRE no había actualizado públicamente su cifra consolidada para confirmar si este fallecimiento ya se incorporó al registro oficial.
México lleva la defensa al Congreso estadounidense
Lazzeri y Planter también dialogaron con los representantes Adriano Espaillat, Lou Correa y Sylvia García, así como con el senador demócrata Gary Peters, para discutir protección consular, seguridad fronteriza y supervisión de las agencias migratorias.
La delegación sostuvo encuentros con organizaciones como LULAC, Mi Familia Vota, Latino Victory y UnidosUS, que acompañan a migrantes y comunidades latinas. La intención es construir una red que permita reaccionar más rápido ante detenciones, abusos o violaciones de derechos.
