- El dirigente nacional del PAN volvió a cerrar filas con Ernesto Ruffo y aseguró que el exgobernador de Baja California es un “preso político” de la 4T, pese a que enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.
El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, volvió a responsabilizar al gobierno de Morena por el proceso penal que enfrenta el exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel, señalado por la Fiscalía General de la República por su probable participación en delitos de delincuencia organizada y contrabando.
Romero sostiene que Ruffo es víctima de una persecución política y acusa al gobierno de Claudia Sheinbaum de utilizar las instituciones de justicia contra opositores. El dirigente incluso ha exigido su liberación y asegura que no existen pruebas suficientes para mantenerlo en prisión.
Ruffo enfrenta proceso por delincuencia organizada y contrabando
Tras una audiencia que se extendió por más de un día, una jueza federal determinó prisión preventiva contra Ruffo y otros siete acusados por su posible participación en delitos de delincuencia organizada y contrabando.
El exgobernador fue enviado al penal federal del Altiplano mientras continúa el proceso en su contra. La investigación de la FGR se desarrolló durante aproximadamente un año.
El expediente se relaciona con Ingemar, compañía de la que Ruffo era socio y que aparece vinculada con la importación de cargamentos de combustible.
La empresa quedó bajo la lupa después de un operativo realizado en Coahuila en julio de 2025, cuando las autoridades aseguraron alrededor de 15.5 millones de litros de combustible y 129 carrotanques.
Pese al proceso judicial, Jorge Romero insiste en colocar la responsabilidad sobre el gobierno federal.
El dirigente del PAN ha calificado a Ruffo como un “preso político” y sostiene que Morena persigue a sus adversarios mientras protege a personajes cercanos al oficialismo.
Romero también ha utilizado el expediente para promover una iniciativa del PAN que busca establecer un mecanismo de derecho de réplica frente a señalamientos realizados durante las conferencias presidenciales.
La investigación periodística sobre las operaciones relacionadas con Ingemar encontró que la red vinculada al caso habría movido más de 800 millones de litros de combustible en aproximadamente 15 meses, con un daño estimado al fisco de al menos 5 mil 400 millones de pesos.
Documentos mercantiles y aduanales revisados por El País también muestran conexiones empresariales entre Ingemar y otras compañías investigadas dentro del esquema.
La FGR sostiene que Ruffo habría desempeñado un papel estratégico dentro de la estructura corporativa investigada. El exgobernador ha rechazado estas acusaciones y asegura que Ingemar únicamente realizaba trámites aduanales y desconocía cualquier operación ilegal.
