Dinero oscuro alcanza nivel histórico en política de EU; gestión de Trump gobierna para quien paga

  • El dinero de origen desconocido alcanzó niveles históricos en la política de Estados Unidos. Organizaciones opacas, empresas fachada y grupos privados destinaron al menos mil 900 millones de dólares a influir en las elecciones federales de 2024.

Ahora, organizaciones de transparencia alertan que los grandes donantes encontraron nuevas vías para acercarse al Gobierno de Donald Trump y ejercer presión sobre nombramientos, regulaciones y decisiones públicas.

El término dark money o “dinero oscuro” describe los recursos que organizaciones sin fines de lucro y empresas fachada destinan a actividades políticas sin revelar la identidad de quienes aportaron originalmente los fondos.

Este tipo de financiamiento no resulta ilegal por sí mismo. El problema radica en que permite modificar campañas y debates públicos mientras el electorado desconoce qué empresarios, corporaciones o grupos de interés pagaron por esa influencia.

Los llamados súper-PAC deben informar quiénes les entregan recursos, pero pueden recibir millones de dólares de organizaciones que ocultan a sus propios financiadores. Así, la operación aparece en los registros oficiales, pero el origen real del dinero permanece enterrado bajo varias capas.

Elecciones de 2024 rompieron todos los récords

El Brennan Center for Justice calculó que el dinero oscuro alcanzó al menos mil 900 millones de dólares durante el proceso electoral de 2024, casi el doble del récord de mil millones registrado en 2020.

La cifra podría ser todavía mayor, pues el cálculo no incluye todos los anuncios en plataformas digitales, servicios de video, radio, transmisiones en línea ni pagos a creadores de contenido político.

De ese total, organizaciones opacas y empresas fachada transfirieron alrededor de mil 300 millones de dólares a súper-PAC, una cantidad superior a la registrada durante los dos procesos electorales anteriores juntos.

Los comités que apoyaron las candidaturas presidenciales recibieron más de 500 millones de dólares provenientes de grupos que no revelaron completamente a sus donantes.

Los grupos que respaldaron a candidaturas demócratas movilizaron cerca de mil 200 millones de dólares, mientras aquellos que favorecieron a los republicanos destinaron alrededor de 664 millones.

Citizens United abrió la compuerta

La expansión de este modelo comenzó después de que la Corte Suprema resolvió en 2010 el caso Citizens United contra la Comisión Federal Electoral.

El fallo eliminó restricciones al gasto electoral independiente realizado por empresas y sindicatos, aunque mantuvo la prohibición de que las corporaciones entregaran dinero directamente a las campañas. También conservó determinadas obligaciones de transparencia.

En la práctica, organizaciones privadas aprovecharon vacíos legales para mover cantidades ilimitadas a través de entidades independientes. Desde aquella resolución, los grupos de dinero oscuro han gastado al menos 4 mil 300 millones de dólares para influir en elecciones federales.

Entre 2010 y 2022, los súper-PAC gastaron cerca de 6 mil 400 millones de dólares. Tan sólo durante las elecciones de 2024, esa cifra alcanzó un récord de al menos 2 mil 700 millones.

Un puñado de familias concentra el poder

La desigualdad también se refleja en la identidad de quienes sí aparecen en los registros.

Durante las elecciones intermedias de 2022, apenas 21 familias donantes aportaron 783 millones de dólares. Su participación superó el dinero entregado por millones de ciudadanos mediante pequeñas contribuciones.

Los multimillonarios aportaron alrededor del 15 por ciento de todo el financiamiento electoral federal durante aquel proceso. La mayor parte terminó en súper-PAC dedicados a intervenir en las contiendas por el Congreso.

Formalmente cada persona conserva un voto, pero un grupo diminuto posee los millones necesarios para comprar anuncios, contratar operadores, financiar campañas paralelas y colocar temas en la agenda.

Donaciones rodean al segundo Gobierno de Trump

El debate dejó de limitarse a las campañas. El Campaign Legal Center sostiene que grandes donantes y corporaciones han utilizado distintos vehículos financieros para buscar acceso e influencia durante el segundo Gobierno de Trump.

La organización documentó más de tres decenas de casos en los que benefactores del mandatario recibieron posteriormente nombramientos, posiciones diplomáticas, indultos, cambios regulatorios o decisiones favorables. Se trata de señalamientos de la organización y no, en todos los casos, de delitos acreditados judicialmente.

En abril de 2026, el mismo centro presentó una queja para investigar si más de 30 cabilderos corporativos omitieron reportar donaciones destinadas a proyectos relacionados con Trump.

Entre ellos figuran el salón de baile de la Casa Blanca, los festejos de Freedom 250, el Kennedy Center y la futura biblioteca presidencial. Los montos y fechas de varias contribuciones no se conocen públicamente.

Las organizaciones promotoras de la denuncia advierten que los empresarios podrían utilizar estos proyectos para acercarse directamente al Presidente sin pasar por las reglas tradicionales de financiamiento electoral.

La acusación central no consiste únicamente en que alguien entregue dinero, sino en la posibilidad de que una aportación privada abra puertas dentro del Gobierno y termine influyendo en contratos, investigaciones o políticas públicas.

Documental exhibe la maquinaria del dinero oscuro

La discusión también llegó a las pantallas con The Dark Money Game, producción de HBO Documentary Films escrita y dirigida por Alex Gibney, con la periodista Jane Mayer como productora ejecutiva.

La serie documental analiza la influencia del financiamiento opaco sobre elecciones, tribunales y legislaturas mediante dos producciones: Ohio Confidential y Wealth of the Wicked.

El trabajo expone cómo redes empresariales, organizaciones conservadoras y grupos religiosos construyeron durante años una estructura capaz de financiar candidatos, impulsar nombramientos judiciales y promover políticas sin transparentar completamente el origen de los recursos.

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