- Tras recuperar su libertad después de casi dos décadas sometida a distintas medidas de privación de libertad y sin recibir sentencia, la defensa de Brenda Quevedo Cruz busca solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) que se desista de la acción penal en su contra y cierre definitivamente su participación en el llamado caso Wallace.
Las abogadas sostienen que esperar una sentencia ya no representa una salida razonable después de un proceso que comenzó hace casi 20 años y que acumula denuncias de tortura, cuestionamientos al debido proceso y resoluciones internacionales contra la actuación del Estado mexicano.
Karla Michel Salas, integrante del equipo jurídico de Quevedo, explicó que solicitarán a la Fiscalía encabezada por Ernestina Godoy analizar el expediente desde una perspectiva de derechos humanos y de género.
La petición principal consiste en que la FGR desista de continuar con la acusación. Como alternativas, la defensa plantea que el Poder Judicial pueda decretar el sobreseimiento o analizar un incidente de desvanecimiento de datos.
La defensa argumenta que el expediente quedó severamente debilitado después de las resoluciones que han revisado las irregularidades del caso y señala que prolongarlo hasta una eventual sentencia podría representar todavía varios años de litigios.
“Una sentencia no es opción”, resumió la defensa, al recordar que la etapa de instrucción terminó desde 2014 y que, aun así, Quevedo nunca recibió una resolución definitiva.
Brenda Quevedo enfrenta su proceso en libertad
El pasado 8 de agosto, después de una audiencia de casi 12 horas, un juez federal levantó la prisión domiciliaria y ordenó retirar el brazalete electrónico que portaba Quevedo.
La mujer podrá continuar su proceso en libertad y sólo deberá cumplir con las nuevas medidas cautelares establecidas por el juzgado, entre ellas presentarse periódicamente a firmar.
La decisión puso fin a casi dos décadas de restricciones: Quevedo permaneció durante años en penales federales y posteriormente bajo arresto domiciliario, sin que hasta ahora exista una sentencia que determine su responsabilidad penal.
La ONU calificó su detención como arbitraria
El caso de Brenda Quevedo llegó desde hace años a instancias internacionales.
En 2020, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas concluyó que su privación de la libertad era arbitraria y pidió al Estado mexicano liberarla inmediatamente, además de reconocer su derecho a obtener una reparación.
El organismo internacional también consideró creíbles las denuncias de tortura y malos tratos presentadas en el expediente, entre ellas agresiones sexuales, descargas eléctricas, amenazas contra familiares y otras formas de violencia durante su detención.
Pese a esa resolución, Quevedo continuó privada de su libertad durante varios años más.
Fallo de la Corte sacudió los cimientos del caso Wallace
Otro punto central para la defensa ocurrió en junio de 2025, cuando la Suprema Corte ordenó la libertad inmediata y absoluta de Juana Hilda González Lomelí, también procesada por el caso Wallace.
La Corte invalidó la confesión utilizada contra González después de determinar que fue obtenida mediante tortura. Ese testimonio había sido una pieza importante en la construcción de la acusación contra otras personas involucradas en el expediente.
La defensa de Quevedo sostiene que ese precedente vuelve todavía más frágil la acusación que permanece abierta en su contra y que el Ministerio Público debe revisar si existen elementos legales suficientes para mantener el proceso.
El caso también llegó a Palacio Nacional. En julio, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como injusta la situación que enfrentaba Brenda Quevedo y anunció acciones para revisar su caso y la actuación de las autoridades judiciales responsables de mantenerla bajo restricciones durante años sin sentencia.
Posteriormente, el Tribunal de Disciplina Judicial suspendió temporalmente a un juez relacionado con el expediente por posibles irregularidades en la atención a solicitudes médicas de Quevedo. La medida fue cautelar y no implicó por sí misma una declaración de responsabilidad.
