- Mientras Washington insiste en señalar a México por el tráfico de drogas, una acusación federal volvió a exhibir que las armas salen de Estados Unidos. Un gran jurado imputó a cuatro personas por presuntamente comprar y enviar armamento al Cártel de Sinaloa.
El principal acusado es Loyd Walter Hall, de 27 años y residente de Amarillo, Texas, quien enfrenta cargos por apoyo material a una organización terrorista extranjera, narcotráfico y tráfico de armas. De ser declarado culpable, podría recibir cadena perpetua.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Hall y varios de sus presuntos cómplices mantuvieron entre 2024 y 2026 una relación con un integrante del Cártel de Sinaloa ubicado en Chihuahua.
La Fiscalía sostiene que el estadounidense no solamente proporcionó armas, sino también conocimientos técnicos y recomendaciones para evadir a las autoridades estadounidenses. Todo esto, según la acusación, pese a conocer que Washington había designado al Cártel de Sinaloa como organización terrorista extranjera.
El expediente consta de 12 cargos y señala a Hall por conspiración para brindar apoyo material al cártel, conspiración para introducir drogas a Estados Unidos, posesión de un arma vinculada con actividades de narcotráfico y declaraciones falsas ante vendedores de armamento.
También lo acusan de participar en compras mediante prestanombres, conocidas en Estados Unidos como straw purchases, y de encabezar una conspiración para traficar armas.
Cuatro acusados por la red de tráfico de armas
La acusación incluye a Jesús Quezada Meza, mexicano de 30 años radicado en Dumas, Texas, y a Omar Velasquez, de 44 años y residente de Utah. Ambos enfrentan cargos por conspirar para realizar compras mediante prestanombres y traficar armas.
Una cuarta imputada, Catlynn Ann Townsend, de 29 años, está acusada de proporcionar información falsa en documentos requeridos por un distribuidor autorizado de armas. Los cuatro acusados ya comparecieron inicialmente ante un tribunal.
Hall podría recibir hasta cadena perpetua; Quezada Meza y Velasquez enfrentan penas máximas de 15 años de prisión, mientras Townsend podría pasar hasta cinco años tras las rejas.
La investigación quedó a cargo de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y de Investigaciones de Seguridad Nacional, con apoyo del FBI y la Policía de Amarillo.
Acusación revela cómo operaban las compras de armas
Documentos judiciales citados por medios locales señalan que Hall habría adquirido armas en establecimientos de Texas y declarado falsamente que él sería el propietario final.
Las autoridades estadounidenses consideran que algunas de esas operaciones correspondían a compras mediante prestanombres, utilizadas para ocultar al verdadero destinatario del armamento. Quezada Meza y Velasquez presuntamente participaron en la adquisición y traslado de las armas hacia México.
La Fiscalía también acusa a Hall de participar en una red para fabricar y distribuir cantidades importantes de fentanilo, cocaína y heroína que presuntamente recibía del propio cártel.
Hasta ahora se trata de acusaciones y no de una sentencia. Los imputados conservan la presunción de inocencia hasta que un tribunal determine lo contrario.
El caso aparece en medio de nuevos aseguramientos de municiones en la frontera. En junio, agentes estadounidenses decomisaron 43 mil cartuchos durante dos revisiones de vehículos que pretendían cruzar hacia México por el puerto de Mariposa, en Nogales, Arizona.
En una unidad encontraron 15 mil proyectiles y en otra aseguraron 28 mil cartuchos calibre 7.62×39, utilizados en rifles como el AK-47. El decomiso no ha sido relacionado oficialmente con Hall ni con la red investigada en Texas.
