- Durante décadas fueron trabajadores de limpieza, administrativos, técnicos y personal que sostuvo jornadas interminables en San Lázaro. Ahora, cientos de jubilados de la Cámara de Diputados denuncian que les quitaron apoyos económicos, medicamentos, lentes y despensa; además, la administración pretende cerrar definitivamente el esquema con un pago único de 52 mil 736 pesos.
Hasta 2024, el numeral 23 del Convenio de Prestaciones Económicas, Sociales, Culturales y Recreativas de la Cámara de Diputados reconocía diversos apoyos para extrabajadores sindicalizados jubilados y pensionados sin condicionarlos expresamente a la disponibilidad presupuestal.
Sin embargo, el convenio firmado el 17 de diciembre de 2025 por autoridades administrativas de San Lázaro y por Irma Sánchez Aguilar, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados, incorporó una cláusula que modificó las reglas y estableció que, a partir de entonces, dichas prestaciones quedarían sujetas a la disponibilidad presupuestal de la Cámara.
La modificación fue denunciada desde junio por trabajadores en activo, quienes advirtieron que aparecía por primera vez y podía abrir la puerta para restringir prestaciones históricas. La Jornada documentó entonces la preocupación del personal y los cuestionamientos a la dirigencia sindical por haber firmado el convenio en esos términos.
La cláusula que abrió la puerta al recorte
La comparación entre los convenios de 2024 y 2025, revisados para esta investigación, permite observar el cambio.
El numeral 23 establecía para jubilados una ayuda mensual de 8 mil 233 pesos, otros 4 mil 51 pesos mensuales para despensa, una gratificación de fin de año de 9 mil 103 pesos, 4 mil 430 pesos anuales para pasajes, apoyos por Día de la Madre o del Padre y 6 mil 463 pesos para anteojos. Así como gastos relacionados a la compra de medicamentos que para 2025 aumentó a 900 pesos.
Es decir, solamente los tres apoyos mensuales —ayuda, despensa y medicamentos— sumaban 13 mil 184 pesos por jubilado.
Estos beneficios adicionales eran derivados del convenio celebrado durante décadas entre la Cámara y su sindicato. Los propios antecedentes del convenio de 2025 remontan el esquema de apoyo económico a jubilados hasta un acuerdo del 28 de abril de 1999, mientras los trabajadores sostienen que diversas prestaciones tienen más de cuatro décadas de historia.
El 15 de abril dejaron de recibir el dinero
La Jornada documentó que desde el 15 de abril de 2026 dejaron de pagarse la ayuda económica mensual y prestaciones relacionadas con anteojos, transporte, medicamentos y despensa. En junio, alrededor de 540 jubilados estaban reclamando su restitución.
La cifra de afectados ha variado según el momento y la fuente. En julio se hablaba de 534 jubilados; un reporte audiovisual de Grupo Fórmula entregado para esta investigación habla actualmente de más de 600 y señala que el universo se aproxima a 700. No existe hasta ahora un padrón público que permita cerrar con precisión esa cifra.
En ese mismo reporte, extrabajadores denuncian que pese a contar con credenciales electrónicas vigentes, aseguran que se les impide entrar al Palacio Legislativo y que han realizado durante semanas sus protestas desde la banqueta.
Para algunos, el recorte altera de manera directa su vida cotidiana. Carlos Elías, jubilado después de 28 años de servicio en la Cámara, explicó que tendrá que volver a buscar empleo. “Son 12 mil pesos que nos están quitando”, resumió.
San Lázaro firmó otro documento después de suspender los pagos
Los depósitos dejaron de realizarse en abril. Sin embargo, el 3 de junio de 2026, cuando el conflicto ya había estallado, autoridades de la Cámara y el sindicato firmaron un addendum al convenio de 2025.
El documento, revisado para este reportaje, modifica precisamente el numeral 23 y vuelve a enumerar la ayuda mensual de 8 mil 233 pesos, la despensa de 4 mil 51, los apoyos anuales, anteojos y los 900 pesos mensuales para medicamentos.
Lo firmaron, entre otros, Aliza Klip Moshinsky, secretaria de Servicios Administrativos y Financieros; Eduardo Medel Quiroz, director general de Recursos Humanos; Adolfo Román Montero, director general de Asuntos Jurídicos, e Irma Sánchez Aguilar, por el sindicato.
El addendum establece además que entraría en vigor desde su firma y que los términos no modificados del convenio permanecerían vigentes.
La propia Sánchez Aguilar lo remitió posteriormente al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para su depósito y registro.
Esto sostiene que mientras los jubilados ya no recibían el dinero, Cámara y sindicato seguían firmando documentos que reconocían expresamente el esquema de prestaciones.
Lo que obliga a explicar por qué el 3 de junio se ratificaron prestaciones que desde abril la administración consideraba financieramente inviables.
De prestación histórica a única y última vez
Un formato de aceptación obtenido para este reportaje ofrece a cada jubilado 52 mil 736 pesos netos “por única ocasión”.
En este se establece que quien firme reconoce que el monto será entregado “por única y última vez”, acepta que “no habrá más ayuda” de la Cámara en calidad de extrabajador y declara no reservarse “derecho o acción alguna” contra la institución por ese concepto.
No es llamado formalmente finiquito porque la Cámara sostiene que ya no existe relación laboral con los jubilados. En la práctica, sin embargo, el documento busca cerrar definitivamente cualquier apoyo futuro.
La existencia de una bolsa de aproximadamente 28 millones de pesos para esos pagos ya había sido denunciada por los inconformes. Para el 4 de julio, La Jornada reportaba que 280 de 534 afectados habían emprendido acciones legales y alrededor de un centenar había aceptado la oferta.
El secretario general de la Cámara, Mauricio Farah Gebara, confirmó posteriormente que la decisión es terminar con el esquema.
“Ya no hay ningún centavo para ellos”, sostuvo en una declaración.
Secretario general afirma que mantenerlos sería “insostenible”
Mauricio Farah sostiene que los jubilados ya no mantienen una relación contractual con la Cámara, pues jurídicamente su vínculo pensionario está con el ISSSTE, y que los recursos adicionales únicamente podían entregarse cuando hubiera suficiencia presupuestaria.
En julio calificó como “insostenible e irresponsable” mantener los apoyos.
En agosto aportó más números.
Según explicó a El Universal, los recursos asociados a sindicato y pensionados crecieron 2.5 veces más rápido que el presupuesto institucional entre 2012 y 2025. Dijo que aproximadamente 50 personas se incorporaban cada año al esquema y aseguró que el gasto para pensionados pasó de 14.3 millones en 2012 a 102 millones de pesos en 2025.
También sostuvo que las erogaciones ligadas al sindicato pasaron de 674 millones a mil 733 millones de pesos durante ese periodo.
El presupuesto no cayó; cambió la prioridad
La Cámara de Diputados tuvo autorizado un presupuesto de 9 mil 602.6 millones de pesos en 2025 y 2026.
Es decir, su presupuesto total no aumentó, pero tampoco sufrió un recorte nominal. Así consta en los Presupuestos de Egresos publicados oficialmente para ambos ejercicios.
Además, el análisis del gasto 2022-2026 proporcionado para este reportaje muestra que el capítulo de Servicios Personales pasó de 2 mil 860.5 millones en 2025 a alrededor de 2 mil 975.3 millones de pesos en 2026, un crecimiento cercano a 4 por ciento.
Dentro de ese universo, las prestaciones contractuales subieron de aproximadamente mil 120 millones a mil 190 millones, mientras “otras prestaciones sociales y económicas” llegaron a 254.2 millones.
Por tanto, los datos permiten documentar que existen recursos destinados de manera general a servicios personales y prestaciones, pero no resolver, con la información disponible, si había suficiencia presupuestaria específica para conservar los apoyos reclamados por los jubilados.
La austeridad tampoco ordenó borrar a los jubilados
El formato de pago único invoca expresamente las “medidas de austeridad” para justificar el cierre del apoyo.
Sin embargo, los Lineamientos de Racionalidad y Austeridad Presupuestaria de la Cámara de Diputados para 2026 no mencionan la eliminación de prestaciones para jubilados ni los identifican como objetivo específico del ajuste.
El documento habla de reducir impresiones, contrataciones, horas extraordinarias, telefonía, viajes, alimentación, eventos y otros gastos administrativos. Incluso calcula que el ahorro derivado de esos lineamientos sería de apenas 2 millones de pesos durante 2026.
La cancelación de los apoyos a jubilados, por tanto, responde a una reestructuración financiera adicional impulsada por la Secretaría General, no a una obligación explícita contenida en esos lineamientos.
Arriba hay salarios de seis cifras
Una investigación de SinEmbargo publicada en febrero reveló que 116 funcionarios de la Cámara percibían más de 100 mil pesos netos mensuales, varios de ellos vinculados políticamente con Ricardo Monreal.
Entre ellos estaba precisamente Mauricio Farah, con una remuneración reportada entonces de 127 mil 801 pesos netos mensuales y un aguinaldo cercano a 245 mil pesos, según los datos de transparencia citados por ese medio. También aparecían funcionarios que han participado directamente en la negociación con los jubilados, como Eduardo Medel Quiroz.
Ricardo Monreal también fue cuestionado por el conflicto y por el temor de trabajadores en activo de que los ajustes alcancen sus propias prestaciones.
Su respuesta fue deslindarse de la administración cotidiana.
“No me meto en las cosas domésticas”, declaró, al señalar que esas responsabilidades corresponden al secretario general, Mauricio Farah.
La Jornada documentó en julio que trabajadores activos comenzaron a temer modificaciones al horario extendido y a compensaciones por pasajes y alimentos.
Posicionamiento del sindicato
Irma Sánchez Aguilar, secretaria general del sindicato, se ha pronunciado sobre la posibilidad de acudir a tribunales. Su postura ha sido agotar primero las vías de negociación y, en caso de optar por una acción legal, consultar también a la base trabajadora en activo sobre las posibles implicaciones del litigio.
“Si ustedes deciden que la vía legal es la que conduce, tendremos que consultarlo también con la base trabajadora sindicalizada activa”, señaló ante los jubilados.
El argumento de la dirigencia sindical parte de que una acción jurídica por el incumplimiento del convenio podría tener consecuencias sobre las prestaciones tanto de jubilados como de trabajadores en activo. Hasta ahora, sin embargo, no se ha presentado públicamente evidencia que permita establecer cuáles serían esas consecuencias ni bajo qué fundamento jurídico podrían producirse.
En los hechos, esta posición condiciona el eventual inicio de acciones legales por parte del sindicato a una consulta con los trabajadores activos, aun cuando la controversia inmediata se refiere a prestaciones que los jubilados dejaron de recibir.
Los inconformes también atribuyen a Sánchez Aguilar una promesa de campaña en la que habría asegurado que el convenio colectivo era “intocable”.
La austeridad no puede confundirse con quitar derechos hacia abajo
La Cámara argumentará que los apoyos estaban condicionados al presupuesto, que los jubilados mantienen su pensión del ISSSTE y que sostener indefinidamente el esquema pone presión sobre las finanzas de San Lázaro.
Los extrabajadores responderán que recibieron las prestaciones durante décadas, que el propio convenio siguió reconociéndolas, que incluso existió un addendum firmado cuando los depósitos ya estaban suspendidos y que aceptar 52 mil 736 pesos implica renunciar definitivamente a beneficios mucho mayores en el tiempo.
La austeridad republicana nació para terminar privilegios arriba, no para convertir a trabajadores jubilados en la primera variable de ajuste. Si San Lázaro sostiene que el esquema es financieramente imposible, tiene la obligación de abrir los números, demostrar la insuficiencia.
