- El Congreso de Veracruz retiró el fuero al alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, señalado por la Fiscalía estatal como presunto autor intelectual del secuestro y asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez. La decisión permite que la autoridad ministerial proceda penalmente contra el edil de Movimiento Ciudadano.
El Pleno aprobó la declaración de procedencia contra Raúl González Martínez con 40 votos a favor y ocho en contra, durante una sesión extraordinaria privada celebrada el miércoles 5 de agosto. El alcalde no acudió personalmente a defenderse ante las y los diputados, aunque estuvo representado por su equipo jurídico.
La resolución no declara culpable al presidente municipal. El desafuero únicamente elimina la inmunidad procesal que impedía a la Fiscalía solicitar una orden judicial y presentarlo ante un juez por los delitos que se le atribuyen.
El procedimiento derivó del expediente administrativo DP-LXVII-SG-02-2026, iniciado después de que la Fiscalía General del Estado presentara formalmente la solicitud de declaración de procedencia el pasado 6 de julio.
Durante la misma jornada legislativa, el Congreso también retiró el fuero a Bertín Bravo Montero, alcalde de Úrsulo Galván e integrante de Movimiento Ciudadano. En una sesión extraordinaria distinta, las y los diputados permitieron que la Fiscalía proceda en su contra por su presunta participación en la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y de su escolta, Ignacio López Torres. Aunque ambos desafueros se aprobaron el mismo día, corresponden a investigaciones y hechos diferentes.
Fiscalía señala una fotografía como móvil del crimen
La principal hipótesis ministerial sostiene que Roxana Guzmán tenía una fotografía en la que presuntamente aparecía González Martínez portando un arma larga. La Fiscalía considera que la eventual publicación de esa imagen podía afectar la carrera política del alcalde.
Según documentos de la investigación conocidos por medios nacionales, el edil habría contactado a un operador de una célula criminal que actúa en el sur de Veracruz para ordenar el secuestro y posterior asesinato de la comunicadora. Los señalamientos deberán probarse ante un juez y, eventualmente, durante un juicio.
La indagatoria sostiene que policías municipales de Ixhuatlán del Sureste colaboraron con los responsables materiales mediante apoyo logístico, recursos y alimentos. La probable participación de servidores públicos agrava el caso: el crimen no habría ocurrido lejos del gobierno municipal, sino con ayuda de integrantes de su propia corporación.
Roxana Guzmán fue secuestrada frente a su familia
Roxana Guzmán, fundadora y directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste, fue privada de la libertad el 2 de junio dentro de su domicilio en Nanchital. Hombres armados irrumpieron en la vivienda y se la llevaron frente a sus familiares; parte del ataque quedó registrada en video.
Ante la dimensión del caso y su posible relación con la actividad informativa de la víctima, la Fiscalía General de la República atrajo la investigación mediante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.
Semanas después, las autoridades localizaron restos humanos en un rancho del municipio de Moloacán. El 3 de julio, pruebas genéticas confirmaron que pertenecían a la periodista, quien fue asesinada y cuyos restos fueron calcinados y ocultados en el predio.
El Comité para la Protección de los Periodistas pidió una investigación creíble y transparente que determine plenamente si el secuestro y el homicidio estuvieron relacionados con su trabajo periodístico, además de alcanzar tanto a los responsables materiales como a quienes ordenaron el crimen.
Ocho personas enfrentan procesos por el asesinato
Antes de que la investigación alcanzara al alcalde, las autoridades ya habían detenido y vinculado a proceso a ocho personas por su probable participación en el secuestro y homicidio de Roxana Guzmán. Todas permanecen bajo prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.
Entre las personas procesadas figuran José del Carmen “N”, Karen Monserrat “N”, Luis Arturo “N”, alias “Delta XI”, y Javier Iván “N”, identificado como “Delta 1”. También fueron detenidos los policías municipales Julio César “N”, Luis Enrique “N”, Juan Carlos “N” e Ismael “N”.
Las autoridades investigan a los civiles como presuntos integrantes de una célula criminal y a los uniformados por brindar apoyo a sus operaciones. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las capturas derivaron de trabajos de inteligencia coordinados entre autoridades federales, la Fiscalía de Veracruz, el Gobierno estatal y la Unidad de Inteligencia Naval.
Alcalde acusa montaje con inteligencia artificial
González Martínez rechazó las acusaciones y aseguró que las imágenes donde aparece con armas habrían sido manipuladas digitalmente. También afirmó que la fotografía señalada como posible móvil no estaba incorporada directamente en la carpeta y anunció peritajes para intentar desacreditarla.
Su defensa sostiene que la imputación se apoya en testimonios insuficientes y anunció que analiza promover amparos ante una eventual orden de aprehensión. La abogada Izaskún Moreno reconoció que, una vez retirado el fuero, la Fiscalía ya se encuentra en condiciones de solicitarla ante un juez.
Movimiento Ciudadano calificó los procedimientos contra González Martínez y el otro alcalde de su partido como una persecución política. La Fiscalía de Veracruz rechazó ese señalamiento y sostuvo que ambas carpetas se construyeron con datos de prueba que deberán defenderse ante los tribunales, no con criterios partidistas.
Tras la resolución, el Cabildo deberá convocar a la alcaldesa suplente, Juliana Ruiz Martínez, para asumir la Presidencia Municipal una vez que el desafuero se publique en la Gaceta Oficial del Estado y se notifique formalmente al Ayuntamiento.
El retiro del fuero no sustituye una sentencia, pero termina con el privilegio procesal que impedía investigar al presidente municipal como a cualquier ciudadano.
