El abogado Vidulfo Rosales Sierra, quien durante más de dos décadas acompañó las luchas sociales en Guerrero y se convirtió en la voz jurídica de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, dio un giro en su trayectoria: ahora ocupa el cargo de secretario de estudio y cuenta en la ponencia del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Crónica de una separación anunciada
La decisión no fue sorpresiva: desde semanas antes se especulaba sobre su incorporación al equipo de Hugo Aguilar Ortiz. El propio Rosales reconoció que había dialogado con el ministro acerca de los nuevos criterios que la Corte busca establecer en materia de derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Ahora, con su nombramiento confirmado en el portal oficial de la SCJN, Rosales percibirá un salario neto aproximado de 118 mil pesos mensuales, además de prestaciones como seguro de vida y gastos médicos mayores, conforme a la normatividad heredada por la administración anterior de la Corte.
Un cambio con peso político
La llegada de Vidulfo Rosales a la SCJN marca una separación simbólica de la Cuarta Transformación, con la que coincidió en causas sociales, pero también una apuesta por transformar desde el poder judicial. En un país donde la memoria de Ayotzinapa sigue abierta, su paso a la Corte no es un adiós a la lucha, sino un cambio de trinchera
