- El Departamento del Tesoro propone que quienes soliciten determinados créditos fiscales tengan que acreditar su estatus migratorio. El propio gobierno estadounidense calcula que entre 200 mil y 700 mil contribuyentes podrían quedar fuera de estos apoyos.
El gobierno de Donald Trump busca sumar al Servicio de Impuestos Internos (IRS) a su endurecimiento de la política migratoria. Una nueva propuesta del Departamento del Tesoro pretende restringir el acceso de personas migrantes a diversos créditos fiscales reembolsables y obligar a los solicitantes a acreditar su condición migratoria.
La medida busca aplicar a estos créditos las restricciones de la Ley de Responsabilidad Personal y Reconciliación de Oportunidades Laborales de 1996 (PRWORA), que limita los llamados “beneficios públicos federales” para las personas que no sean ciudadanas estadounidenses o entren en la categoría legal de “extranjero cualificado”.
Trump busca cerrar créditos fiscales a migrantes
La propuesta alcanzaría beneficios fiscales relacionados con adopción, hijos, educación superior mediante el American Opportunity Tax Credit y el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC).
El punto central está en la porción reembolsable de estos créditos. A diferencia de una simple reducción de impuestos, un crédito reembolsable puede generar un pago al contribuyente cuando el beneficio supera la cantidad que debe pagar al fisco.
El Departamento del Tesoro ya había anunciado desde noviembre de 2025 su intención de considerar este tipo de devoluciones como “beneficios públicos federales” sujetos a las restricciones migratorias de PRWORA. El Departamento de Justicia respaldó posteriormente esa interpretación.
Ahora el IRS avanzó con la propuesta regulatoria REG-119882-25, cuya revisión administrativa concluyó el pasado 4 de agosto.
IRS podría obtener información sobre estatus migratorio
De acuerdo con el proyecto, una persona que no sea ciudadana estadounidense tendría que autocertificar que cuenta con la condición migratoria necesaria para obtener el beneficio fiscal. En declaraciones conjuntas también deberá aparecer información relacionada con el cónyuge y su situación migratoria.
La propuesta contempla que, cuando se trate de un matrimonio, bastaría con que uno de los cónyuges sea ciudadano, nacional estadounidense o “extranjero cualificado” para cumplir determinadas reglas. Sin embargo, ese proceso podría terminar dejando registrado ante el gobierno el estatus migratorio del otro integrante de la pareja.
El cambio adquiere otra dimensión bajo una administración que ha ampliado el uso de información y herramientas gubernamentales dentro de su estrategia migratoria.
Hasta 700 mil contribuyentes podrían perder apoyos
El propio Tesoro reconoce que el efecto económico general de la medida podría ser limitado, debido a que varios de estos programas ya exigen un número de Seguro Social válido.
Aun así, la dependencia calcula que entre 200 mil y 700 mil contribuyentes podrían quedar fuera de los créditos durante 2026.
Con un beneficio promedio estimado en 3 mil 656 dólares, el gobierno proyecta que los créditos rechazados podrían representar entre 700 millones y 2 mil 600 millones de dólares.
Tesoro e IRS no cuentan con información suficiente sobre cuántos contribuyentes cumplen exactamente con la categoría migratoria de “extranjero cualificado”, por lo que no pueden calcular con precisión el impacto final de la medida.
No sólo afectaría a personas indocumentadas
La administración Trump vende la medida como una forma de impedir que personas indocumentadas reciban recursos públicos. Sin embargo, la categoría de quienes no son “extranjeros cualificados” es más amplia.
De acuerdo con un análisis reciente de Brookings, también puede incluir a personas que permanecen legalmente en Estados Unidos bajo determinadas visas temporales, beneficiarios de DACA, personas con Estatus de Protección Temporal y algunos solicitantes de asilo, dependiendo de su situación jurídica.
El mismo análisis señala que ninguna administración anterior había tratado de manera general las porciones reembolsables de estos créditos fiscales como “beneficios públicos” bajo esta interpretación de PRWORA.
La medida forma parte de una ofensiva mucho más amplia del gobierno de Trump para restringir beneficios y servicios a familias migrantes.
En febrero de 2025, Trump ordenó a las agencias federales revisar los programas financiados con recursos públicos y endurecer el cumplimiento de las restricciones migratorias. Desde entonces, diversas dependencias han ampliado qué programas consideran “beneficios públicos federales”.
El Tesoro también ha presionado al sistema financiero, en junio pidió a bancos reforzar la vigilancia sobre operaciones relacionadas con trabajadores sin autorización laboral e incluso considerar el uso de ITIN como un factor dentro de sus procesos de evaluación de riesgo.
