- Un tribunal colegiado concedió un amparo relacionado con dos cuentas bancarias y tres inmuebles asegurados a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón. La resolución impide, por ahora, que esos bienes sean rematados, transferidos o subastados por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).
El fallo no libera automáticamente las cuentas ni devuelve las propiedades al exfuncionario. Su efecto obliga a la Fiscalía General de la República (FGR) a justificar nuevamente, de manera fundada y congruente, la declaratoria mediante la cual pretendía considerar abandonados los bienes a favor del Estado mexicano.
¿Qué bienes de García Luna están involucrados?
El litigio comprende dos cuentas bancarias congeladas y tres propiedades que la FGR aseguró en 2020 como parte de una investigación que se sigue en México contra García Luna por presunto enriquecimiento ilícito.
Los inmuebles identificados en el expediente son una propiedad ubicada en Monte Funiar 21, Jardines en la Montaña, Ciudad de México; el restaurante Fonda de Santa María, localizado en Paseo de los Cedros 1, colonia Paseos del Sur, en Xochimilco; y un inmueble ubicado en lotes 12 y 13 de la manzana 22 del fraccionamiento Pedregal de las Fuentes, en Jiutepec, Morelos.
La defensa también reclamó acceso a copias de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-CDMX/002149/2019 y cuestionó la forma en que la Fiscalía tramitó el abandono de los bienes.
Tribunal cuestiona procedimiento de la FGR
La controversia se centra en el procedimiento de abandono y no en determinar si García Luna es propietario legítimo de los recursos o si cometió los delitos investigados en México.
Cuando el Ministerio Público asegura una propiedad dentro de una investigación penal debe realizar un procedimiento para localizar a sus propietarios y permitirles reclamar sus derechos. Si nadie comparece dentro del plazo correspondiente, la autoridad puede solicitar que el bien sea declarado abandonado a favor del Gobierno federal.
La FGR argumentó que García Luna ya había ejercido previamente su defensa sobre las propiedades y las cuentas mediante otros juicios de amparo.
Los magistrados consideraron que esa circunstancia no elimina su derecho a oponerse formalmente a una declaratoria de abandono dentro del procedimiento penal. Por ello ordenaron a la Fiscalía emitir una determinación debidamente justificada.
En términos prácticos, mientras se cumple la sentencia, los bienes señalados no pueden recibir un destino definitivo mediante remate, transferencia o subasta por parte del Indep.
El amparo no elimina investigaciones contra García Luna
En febrero de 2023, un jurado federal de Brooklyn lo declaró culpable de cinco cargos, incluidos participar en una empresa criminal continua, conspiraciones relacionadas con tráfico internacional de cocaína y realizar declaraciones falsas.
El 16 de octubre de 2024, el juez Brian Cogan lo sentenció a 460 meses de prisión, equivalentes a 38 años y cuatro meses, además de imponerle una multa de 2 millones de dólares. El Departamento de Justicia estadounidense informó que el proceso acreditó que recibió millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de brindar protección y facilitar sus operaciones.
La investigación y los procedimientos patrimoniales que enfrenta en México son independientes de esa condena.
García Luna ya había litigado contra aseguramientos
En abril de 2022, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México negó otra protección solicitada por García Luna contra el bloqueo de cuentas bancarias y el aseguramiento de tres inmuebles. En aquel expediente, las autoridades mexicanas investigaban propiedades por más de 27 millones de pesos que presuntamente no correspondían con sus ingresos legales.
La resolución conocida este 21 de septiembre aborda una cuestión procesal distinta: la forma en que la FGR pretende declarar abandonados determinados bienes.
México mantiene litigios para recuperar recursos vinculados con García Luna
De manera paralela, el Gobierno mexicano mantiene procesos en Estados Unidos para recuperar activos relacionados con una red empresarial vinculada al exfuncionario.
La Unidad de Inteligencia Financiera denunció ante la FGR en diciembre de 2019 una presunta red de corrupción y posteriormente promovió en Florida una demanda civil para recuperar activos que, según las autoridades mexicanas, procedían de contratos públicos otorgados a empresas relacionadas con García Luna y sus socios.
En mayo de 2026, la Secretaría de Hacienda informó que un tribunal de Florida dictó una sentencia por 578.5 millones de dólares contra integrantes de la familia Weinberg y empresas relacionadas, dentro del litigio promovido por México por el daño patrimonial asociado con ese esquema.
Ese procedimiento civil estadounidense es independiente del amparo sobre las dos cuentas y tres inmuebles asegurados en territorio mexicano.
Con la nueva sentencia, la FGR deberá corregir o justificar jurídicamente su determinación antes de que las propiedades y recursos incluidos en el amparo puedan ser declarados abandonados y pasar definitivamente a disposición del Estado.
