- El Gobierno de Tamaulipas rechazó que exista persecución política contra Grupo Empresarial Dalka y sostuvo que el caso forma parte de un litigio revisado durante más de tres años por instancias administrativas, judiciales y federales.
El Gobierno de Tamaulipas rechazó las acusaciones sobre una supuesta persecución política contra Grupo Empresarial Dalka y aseguró que el caso no responde a motivaciones personales, políticas o mediáticas.
El consejero jurídico de la Oficina del Ejecutivo estatal, Marco Antonio García Barrientos, afirmó que el litigio ha sido revisado durante más de tres años por autoridades administrativas, judiciales y federales.
Gobierno de Tamaulipas rechaza acusaciones mediáticas
García Barrientos sostuvo que, durante todo el proceso legal, no existe registro de denuncias formales sobre presuntos cobros de “moches” atribuidos a familiares del gobernador Américo Villarreal Anaya.
El funcionario precisó que las afirmaciones difundidas recientemente en medios no formaron parte de demandas, pruebas, recursos o promociones presentadas dentro del litigio.
“Las resoluciones emitidas por los tribunales se construyeron con base en documentos, pruebas y elementos incorporados formalmente a los expedientes, no a partir de declaraciones realizadas en medios de comunicación”, señaló.
Caso Dalka inició por contrato de despensas
El conflicto comenzó con un contrato firmado el 15 de marzo de 2023 para el suministro de despensas, el cual fue rescindido por el Gobierno estatal tras detectar presuntos incumplimientos en la entrega de pólizas de garantía.
Después de la rescisión, Grupo Empresarial Dalka promovió una demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa para reclamar una indemnización por daños y perjuicios.
Aunque una sala unitaria resolvió inicialmente a favor de la empresa, el Pleno del Tribunal revocó esa determinación por unanimidad y ordenó reponer el procedimiento. Dicha resolución fue confirmada posteriormente por autoridades federales mediante un juicio de amparo.
Fiscalía investiga presuntas inconsistencias documentales
El consejero jurídico explicó que la investigación penal en curso contra el dueño y representante de la empresa no deriva de declaraciones públicas, sino de presuntas inconsistencias documentales detectadas durante el proceso.
De acuerdo con García Barrientos, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción solicitó información a la afianzadora encargada de emitir las pólizas de garantía presentadas por la empresa.
Ahí se habría detectado una discrepancia: mientras en el juicio administrativo se sostuvo que las pólizas fueron entregadas el día de la firma del contrato, la afianzadora informó que los documentos fueron expedidos casi un mes después.
Sin arraigo ni restricción de movilidad
García Barrientos también rechazó que exista alguna medida cautelar de arraigo o restricción de movilidad contra el representante empresarial.
Incluso reveló que el pasado 3 de junio la propia representación de la empresa solicitó una pausa en una audiencia judicial para explorar una posible conciliación con el Gobierno estatal.
El representante de la empresa acudió personalmente a Palacio de Gobierno, donde fue recibido por autoridades estatales en un marco de respeto institucional y apertura al diálogo.
