- La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, cerró filas con los tres consejeros denunciados por Alejandro “Alito” Moreno ante autoridades de Estados Unidos y advirtió que ninguna presión externa debe condicionar las decisiones del árbitro electoral.
El posicionamiento llegó después de que el dirigente nacional del PRI acudió al Departamento de Estado estadounidense para pedir que se revisara la actuación de Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga, integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE.
Al iniciar la sesión extraordinaria del Consejo General del 18 de agosto, Taddei sostuvo que cualquier resolución del INE puede criticarse e impugnarse ante los tribunales, pero dejó claro que eso no debe convertirse en un mecanismo de presión contra quienes toman las decisiones.
La consejera presidenta recordó además que las medidas cautelares son provisionales y no determinan de manera definitiva la responsabilidad de una persona o partido político.
La presidenta del INE señaló que las decisiones deben tomarse con base en la Constitución, las leyes, los precedentes y los elementos de cada expediente, no por temor a posibles repercusiones políticas o internacionales.
¿Por qué Alito denunció a tres consejeros en Estados Unidos?
El conflicto comenzó el 29 de julio, cuando la Comisión de Quejas y Denuncias concedió medidas cautelares solicitadas por Morena contra publicaciones difundidas por Alejandro Moreno y por las cuentas oficiales del PRI.
El INE determinó retirar cinco publicaciones realizadas desde cuentas del dirigente priista y cuatro del partido porque, de manera preliminar, consideró que podían atribuir falsamente hechos o delitos a Morena al relacionarlo con el narcotráfico sin aportar sustento fáctico.
Entre las expresiones cuestionadas estaban calificativos utilizados por el PRI para vincular directamente a Morena con actividades criminales. La autoridad electoral aclaró desde entonces que se trataba de una determinación cautelar, mientras el fondo del procedimiento sigue su curso.
Alito recurrió al Departamento de Estado
El 10 de agosto, Moreno anunció que presentó una denuncia ante el Departamento de Estado de Estados Unidos contra Castillo Loza, López Vences y Gómez Puga.
De acuerdo con el propio PRI, pidió que las actuaciones de los consejeros fueran revisadas bajo la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, legislación estadounidense que contempla sanciones económicas y restricciones de entrada a Estados Unidos bajo determinados supuestos.
Moreno sostiene que la medida del INE constituye censura y una vulneración a su libertad de expresión. Paralelamente impugnó la determinación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Morena acusa presión extranjera contra el INE
Durante la misma sesión, el representante de Morena ante el INE, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, cuestionó que Moreno llevara el conflicto ante el gobierno estadounidense.
Santiago subrayó que el Departamento de Estado no constituye un tribunal u organismo internacional, sino una dependencia del gobierno de Estados Unidos. La propia institución estadounidense se define como la encargada de conducir la política exterior de ese país.
Para Morena, buscar sanciones personales contra consejeros electorales en otro país establece un precedente delicado para la independencia de las instituciones mexicanas. El PRI respondió que continuará recurriendo a las instancias que considere necesarias y adelantó que también contempla acudir al sistema interamericano.
La controversia sigue abierta. La Sala Superior del TEPJF tiene registrados los recursos SUP-REP-33/2026, promovido por Alejandro Moreno, y SUP-REP-34/2026, presentado por el PRI contra el acuerdo de medidas cautelares del INE.
Será el Tribunal Electoral el que defina jurídicamente hasta dónde llega la libertad de expresión partidista frente a acusaciones que vinculan directamente a una fuerza política con actividades criminales.
