- La presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sostuvieron una reunión privada en Ciudad Juárez en la que abordaron las diferencias surgidas por la presencia de agentes estadounidenses en un operativo antidrogas realizado en abril en la Sierra de Chihuahua. Ambas acordaron mantener la coordinación entre los gobiernos federal y estatal.
El encuentro se realizó el sábado 19 de septiembre en el Aeropuerto Internacional Abraham González, antes de que Sheinbaum encabezara el evento “Honestidad y Resultados” en la Plaza de la Mexicanidad. La reunión ocurrió después de varios meses de diferencias públicas entre las dos administraciones por el caso de agentes identificados como integrantes de la CIA.
Al salir del aeropuerto, Sheinbaum confirmó ante reporteros que uno de los asuntos tratados fue el operativo de abril y la actuación de funcionarios estatales.
La Presidenta señaló que, si las investigaciones determinan que existió una violación a la legislación mexicana, las autoridades deberán proceder. También indicó que Campos estuvo de acuerdo en que se actúe si algún funcionario de su administración cometió un delito.
Sheinbaum informó además que los asuntos pendientes con Chihuahua continuarán mediante las secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana, dependiendo de cada tema. La mandataria federal sostuvo que la coordinación entre la Federación y el gobierno estatal resulta necesaria.
Horas después, Maru Campos difundió un mensaje en el que señaló que el encuentro ocurrió después de “meses de diferencias” en materia de seguridad y afirmó que ambas mandatarias reconocieron la necesidad de mejorar los canales de comunicación.
Campos describió la conversación como un encuentro “franco y con firmeza” y sostuvo que su administración continuará combatiendo al crimen organizado respetando la legislación vigente.
La reunión se concretó después de que Campos enviara una carta a Sheinbaum, fechada el 15 de septiembre, en la que solicitó recibirla personalmente en Ciudad Juárez, invitarla a una sesión de la Mesa Estatal de Seguridad en la Torre Centinela y sostener un encuentro para abordar temas como agua y exportación de ganado.
Un día antes de viajar a Chihuahua, Sheinbaum había adelantado que se encontraría con Campos en el aeropuerto, pero señaló que sería la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien daría seguimiento a los asuntos planteados por la gobernadora. En esa ocasión, reconoció que existían “diferencias muy importantes” por la participación de agentes de la CIA en el operativo de abril.
Qué ocurrió con los agentes de la CIA en Chihuahua
El origen de las diferencias se remonta a un operativo desarrollado entre el 17 y el 18 de abril en la Sierra del Pinal, en el municipio de Morelos, Chihuahua, relacionado con el hallazgo de un laboratorio clandestino dedicado a la producción de drogas sintéticas.
El 19 de abril, dos funcionarios estadounidenses y dos elementos mexicanos murieron en un accidente vehicular después del operativo. Los mexicanos eran Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación, y el agente Manuel Genaro Méndez Montes. Los dos extranjeros fueron identificados posteriormente como integrantes de la CIA.
El Gobierno federal informó posteriormente que ninguno de los dos agentes extranjeros fallecidos tenía acreditación formal para realizar actividades operativas en México. De acuerdo con los registros migratorios difundidos por el Gabinete de Seguridad, uno había ingresado como visitante sin permiso para actividades remuneradas y el otro utilizó pasaporte diplomático.
El Gobierno de Sheinbaum sostuvo además que las autoridades federales desconocían la participación de los estadounidenses. México envió una nota diplomática a Estados Unidos para señalar que una situación de ese tipo no debía repetirse y pidió que se respetaran la Constitución y la legislación mexicana en materia de seguridad nacional.
Investigación estatal detectó irregularidades en el operativo
La Fiscalía de Chihuahua creó una unidad especializada para revisar los hechos. En sus primeros resultados estableció que las personas extranjeras no formaban parte formal del despliegue de la Agencia Estatal de Investigación y que su incorporación al convoy no había sido informada a los mandos superiores.
La investigación estatal señaló también que la participación de los extranjeros habría sido limitada y reservada, sin interacción operativa directa con el resto del personal, excepto con el director de la AEI y su círculo inmediato de seguridad.
Las primeras versiones oficiales provocaron cuestionamientos porque el entonces fiscal estatal, César Jáuregui, inicialmente sostuvo que los estadounidenses no habían participado en el operativo. Días después reconoció que la información proporcionada había sido inconsistente y presentó su renuncia.
FGR abrió dos investigaciones
La Fiscalía General de la República abrió dos carpetas de investigación. Una se relaciona con el laboratorio clandestino y la otra con la presencia y actuación de los agentes extranjeros, ante la posible comisión de delitos en materia de seguridad nacional.
La FGR informó el 4 de mayo que cerca de 50 personas relacionadas con el operativo serían citadas y que también solicitó información para determinar las acreditaciones de los extranjeros, qué autoridades de Chihuahua conocían su presencia y cuáles fueron las condiciones jurídicas bajo las que se desarrolló el despliegue.
Para el 12 de mayo, autoridades de la Fiscalía reportaron que 40 de 43 participantes identificados ya habían rendido declaración. En ese momento, la investigación federal analizaba, entre otros aspectos, un posible ejercicio ilícito de atribuciones por permitir la intervención de agentes extranjeros en actividades reservadas a autoridades mexicanas.
Maru Campos fue citada por la FGR
La investigación alcanzó posteriormente a la propia gobernadora. El 27 de mayo, Campos acudió a instalaciones de la FGR en Ciudad de México después de recibir un citatorio relacionado con el expediente.
La mandataria estatal entregó un escrito en el que rechazó rendir una entrevista en calidad de testigo y cuestionó jurídicamente la citación. Campos sostuvo entonces que el requerimiento era irregular y acusó públicamente una persecución política, señalamiento que correspondió a su postura y no a una determinación judicial.
Hasta este 20 de septiembre, las fuentes públicas consultadas no muestran un informe de la FGR que declare concluidas las investigaciones o establezca responsabilidades penales definitivas por el operativo.
La posición expresada por la Presidenta tras la reunión fue mantener la coordinación institucional sin detener las investigaciones y proceder legalmente si se acreditan irregularidades cometidas por servidores públicos.
Campos, por su parte, señaló que su gobierno mantendrá su estrategia contra el crimen organizado y manifestó disposición para mejorar la comunicación con la Federación, aunque ambas mandatarias reconocieron que mantienen posiciones distintas en materia de seguridad
