- La Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la contratación de deuda por parte de los ayuntamientos debe revisarse para conocer el destino del dinero, la transparencia del proceso y el impacto sobre las finanzas públicas.
La mandataria explicó que los municipios cuentan con autonomía para contratar financiamientos, pero advirtió que el problema comienza cuando las autoridades desvían los recursos, abusan del mecanismo o comprometen durante años el presupuesto destinado a servicios y obra pública.
Durante la conferencia matutina de este martes 28 de julio, Subjetivo.mx cuestionó a la Presidenta sobre los mecanismos que permiten a los municipios comprometer una parte de sus participaciones federales para pagar deudas.
Sheinbaum respondió que un ayuntamiento puede recurrir al financiamiento para adelantar una inversión que no podría cubrir únicamente con sus ingresos disponibles.
Como ejemplo, planteó una obra con un costo de 100 millones de pesos para la cual el municipio solo dispone de 20 millones. En ese supuesto, la administración puede solicitar financiamiento y pagarlo gradualmente, siempre que cuente con respaldo institucional y destine los recursos al beneficio de la población.
“No puede decirse a rajatabla ‘está mal’ o ‘está bien’; depende mucho de cada caso”, puntualizó.
La Presidenta marcó dos límites, que la contratación se realice con claridad y transparencia, y que el pago no ponga en riesgo las finanzas del ayuntamiento.
Municipios tienen autonomía, pero también controles
Sheinbaum explicó que el Gobierno federal puede coordinar, orientar y apoyar a los gobiernos municipales, pero no sustituir sus decisiones financieras debido a la autonomía reconocida por el federalismo mexicano.
Cuando intervienen recursos federales, agregó, la Auditoría Superior de la Federación puede fiscalizar su ejercicio. Si una revisión detecta posibles delitos, las autoridades correspondientes pueden presentar denuncias ante las fiscalías.
Aunque los ayuntamientos tienen facultades para contratar deuda, la legislación vigente establece varios candados. Los financiamientos de largo plazo deben destinarse a inversión pública productiva, refinanciamiento o reestructuración; además, el Congreso local debe analizar la capacidad de pago, el destino del dinero y las garantías ofrecidas antes de autorizar los montos máximos.
La Ley de Disciplina Financiera también obliga a buscar las mejores condiciones del mercado, publicar los contratos e inscribir las obligaciones en el Registro Público Único. Cuando se comprometen participaciones federales como fuente de pago, el esquema debe cumplir requisitos adicionales de transparencia y registro.
Bursatilización dejó deuda millonaria en Veracruz
La pregunta de Subjetivo.mx tomó como referencia el esquema de bursatilización contratado en Veracruz durante 2008, bajo el gobierno del priista Fidel Herrera.
Mediante este mecanismo, 199 municipios recibieron recursos anticipados y comprometieron una parte de sus participaciones futuras para respaldar el pago de certificados colocados en el mercado financiero.
El financiamiento original ascendió a mil 208 millones de pesos. Sin embargo, los ayuntamientos habían pagado 2 mil 573 millones y todavía habrían tenido que cubrir otros 2 mil 266 millones hasta 2036.
El Gobierno de Veracruz atribuyó el encarecimiento a una estructura ligada a las Unidades de Inversión, sobretasas superiores a las del mercado y retenciones automáticas aplicadas sobre las participaciones municipales.
Rocío Nahle extingue deuda de 199 municipios
Aunque inicialmente se planteó que el Gobierno estatal absorbería 75 por ciento del saldo y los municipios pagarían el resto sin intereses, la administración de Rocío Nahle informó el 15 de julio que consiguió extinguir totalmente la bursatilización.
La Secretaría de Finanzas y Planeación localizó mil 85 millones de pesos en cuentas vinculadas con el fideicomiso. Con esos recursos y la intervención financiera del estado, Veracruz liquidó anticipadamente el esquema y evitó nuevas aportaciones de los ayuntamientos.
La cancelación liberó las participaciones de los 199 municipios, que podrán recibirlas sin las retenciones que operaron durante 18 años. Las autoridades estatales señalaron que estos recursos podrán dirigirse nuevamente a infraestructura, agua, drenaje, alumbrado y servicios públicos.
