- La Presidenta rechazó que los nuevos lineamientos para proteger a las audiencias representen censura y exhibió la contradicción de comunicadores que hace 26 años pedían mecanismos para frenar las mentiras de los medios.
La discusión surgió durante la Mañanera del Pueblo, tras una pregunta de Máximo Allende, de Subjetivo MX, quien recuperó un viejo debate de CNI Canal 40 entre figuras como Sergio Sarmiento y Ciro Gómez Leyva.
Durante la conferencia se reprodujo un fragmento del programa donde Sergio Sarmiento reconoció que los medios pueden mentir de manera consciente.
“Los medios muchas veces mentimos, a veces adrede”.
En aquel debate, los comunicadores discutían cómo contener el poder de los grandes medios y qué herramientas necesitaban las audiencias para cuestionar información falsa, sesgada o manipulada.
Más de dos décadas después, varios espacios que entonces exigían controles y autorregulación califican como “censura” la creación de códigos de ética vinculantes, defensorías y mecanismos de queja.
“Es bastante demoledor”, respondió Sheinbaum al escuchar nuevamente la confesión de Sarmiento.
Sheinbaum niega censura contra los medios
La mandataria explicó que el Gobierno no nombrará a los defensores de las audiencias, no escribirá los códigos de ética de los concesionarios y tampoco decidirá qué puede publicarse.
“Es un mecanismo de la ciudadanía, de la audiencia”, subrayó.
La propuesta regulatoria establece expresamente que sus disposiciones no podrán utilizarse para limitar la libertad de expresión, la libertad editorial o la programación de los medios, ni para ejercer censura previa. La consulta pública permanecerá abierta hasta el 21 de agosto.
Sheinbaum recordó que esta discusión no nació con su administración. Desde hace décadas se planteó que cada medio publicara sus reglas editoriales, designara una persona responsable de atender a las audiencias y abriera un canal para recibir inconformidades.
¿Qué exigen realmente los lineamientos?
El anteproyecto obliga a las concesionarias de radio y televisión a contar con un código de ética público. Ese documento deberá incluir su identidad editorial, valores, mecanismos de queja y criterios para el tratamiento de información noticiosa.
También tendrán que designar una persona defensora de las audiencias que reciba, documente y responda las quejas de radioescuchas y televidentes.
Los lineamientos proponen que los medios distingan claramente la información de la opinión. Además, los contenidos pagados deberán identificarse mediante una advertencia o con una letra “P” visible al inicio y al final del espacio comercializado.
La propuesta también establece un deber de diligencia para evitar la difusión de información falsa, descontextualizada o material antiguo presentado como si fuera actual. Cada medio deberá definir en su código de ética los criterios que utiliza para verificar sus noticias.
Las audiencias podrán presentar quejas
Las personas podrán denunciar ante la defensoría cualquier contenido, programa o publicidad que consideren violatorio de sus derechos.
La persona defensora tendrá hasta 20 días para responder. Si determina que ocurrió una vulneración, podrá recomendar al medio que rectifique o modifique el contenido y deberá publicar su resolución.
Cuando la audiencia rechace la respuesta o el concesionario ignore la recomendación, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones podrá revisar el caso, confirmar o modificar la determinación y ordenar su cumplimiento.
No existe una revisión gubernamental antes de transmitir una noticia. Sí habrá un procedimiento posterior para que las audiencias cuestionen al medio y para exigir que cumpla las reglas que él mismo publicó.
No es censura, pero sí habrá responsabilidades
Sheinbaum resumió que las sanciones procederán cuando un concesionario no publique su código de ética, no designe una defensoría o no establezca mecanismos de queja.
La ley contempla multas de entre 0.01% y 1% de los ingresos acumulables cuando los medios no pongan esos instrumentos a disposición de sus audiencias. El anteproyecto también prevé un procedimiento sancionador cuando un concesionario incumpla una resolución de la Comisión.
Es decir, no se castigará anticipadamente una opinión ni se borrará una crítica al Gobierno. Las consecuencias llegarían después de una queja y por incumplir obligaciones legales o resoluciones emitidas dentro del procedimiento.
“El chupacabras no se toca”
Máximo Allende cuestionó si detrás del escándalo mediático se encuentra, en realidad, la defensa de un supuesto derecho de los medios tradicionales a mentir sin enfrentar reclamos.
Sheinbaum reconoció que existen medios que difunden mentiras abiertamente, pero defendió la autorregulación con participación ciudadana por encima de cualquier mecanismo de censura estatal.
“Para la democracia es mejor un esquema como el que planteamos que censurar. Y que la gente haga su propia opinión”, declaró.
La Presidenta puso como ejemplo a TV Azteca, empresa a la que acusó de utilizar buena parte de su programación para atacar al Gobierno. Sin embargo, remarcó que su administración nunca ha intentado retirar programas, conductores o concesiones por sus posturas editoriales.
También separó la libertad de expresión de las obligaciones fiscales de su propietario: “Que su dueño tiene que pagar impuestos, eso es otra cosa”.
La mañanera como derecho de réplica
Sheinbaum sostuvo que los medios critican y responden diariamente a lo dicho en Palacio Nacional, pero algunos se molestan cuando el Gobierno utiliza la conferencia para desmentir publicaciones.
Recordó que, cuando una dependencia solicita corregir una nota falsa publicada en primera plana, la aclaración suele aparecer días después, escondida y en espacios mucho menores.
Por esa razón, defendió la mañanera y el Detector de Mentiras como herramientas de réplica frente a información falsa, sin impedir que los medios mantengan sus propias posiciones.
