- El Senado de la República aprobó la reforma constitucional que establece la nacionalidad mexicana única como requisito para quienes aspiren a la Presidencia de México, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La minuta obtuvo 86 votos a favor y 42 en contra, con lo que alcanzó exactamente la mayoría calificada necesaria ante la presencia de los 128 senadores.
La propuesta, enviada originalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum, modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución y ahora deberá completar el proceso de aprobación entre los congresos locales.
Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y Partido Verde reunieron los 86 sufragios requeridos para aprobar la modificación constitucional.
Los 42 votos en contra provinieron de legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, además del senador del Partido Verde Luis Armando Melgar, quien previamente había anunciado que no respaldaría la reforma.
La votación ocurrió después de un debate de más de tres horas en el Pleno, en el que los bloques parlamentarios expusieron posiciones encontradas sobre los efectos de la medida para los mexicanos con doble nacionalidad.
Para asegurar la integración del Pleno, Morena y sus aliados recurrieron a suplentes de legisladores que no podían asistir a la sesión. Entre los casos reportados se encontraba Karina Ruiz, quien reside en Arizona y no pudo trasladarse a México debido a su situación migratoria en Estados Unidos.
¿Qué establece la reforma de nacionalidad única?
La modificación establece que quienes aspiren a encabezar el Poder Ejecutivo federal o alguno de los gobiernos estatales deberán ser mexicanos por nacimiento y no contar con otra nacionalidad.
En caso de poseer una segunda nacionalidad, deberán renunciar a ella antes de solicitar formalmente su registro como candidatos. La disposición también comprende la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
El dictamen contempla además restricciones para adquirir otra nacionalidad mientras se desempeñen dichos cargos, así como para utilizar pasaportes o documentos de identidad expedidos por otro Estado en los supuestos establecidos por la reforma.
La modificación no elimina la doble nacionalidad para los mexicanos en general. El nuevo requisito se limita a quienes aspiren a la Presidencia, las gubernaturas o la Jefatura de Gobierno capitalina.
Reforma comenzará a aplicarse a partir de 2028
El régimen transitorio establece que las nuevas disposiciones se aplicarán a partir del proceso electoral de 2028.
El Congreso de la Unión también deberá realizar las adecuaciones correspondientes a la Ley de Nacionalidad y a la legislación electoral después de que la reforma complete su procedimiento constitucional.
Esto significa que la disposición no tendrá efectos para las elecciones de 2027, cuando se renovarán distintas gubernaturas y otros cargos locales.
Oposición cuestiona posibles efectos para mexicanos migrantes
Durante la discusión, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano argumentaron que la medida podría restringir los derechos políticos de mexicanos que adquirieron otra nacionalidad después de migrar o que poseen doble nacionalidad desde su nacimiento.
El PAN sostuvo que contar con dos nacionalidades no implica necesariamente una doble lealtad y cuestionó que los mexicanos residentes en el extranjero deban renunciar a una de ellas para aspirar a estos cargos.
Morena y sus aliados defendieron la reforma con el argumento de que las personas encargadas de encabezar los poderes ejecutivos deben mantener un vínculo jurídico exclusivo con México mientras ejercen esas responsabilidades.
Reforma pasa a los congresos estatales
Al tratarse de una modificación constitucional, la reforma requiere ahora la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, conforme al artículo 135 constitucional.
El Congreso de la Ciudad de México ya aprobó la minuta el mismo 29 de septiembre con 44 votos a favor, 15 en contra y ninguna abstención.
Una vez que alcance las ratificaciones locales necesarias, el Congreso de la Unión deberá realizar el cómputo correspondiente y emitir la declaratoria constitucional antes de enviar el decreto al Ejecutivo para su publicación.
