- El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor para sancionar a empresas que realicen llamadas telefónicas insistentes o envíen publicidad no solicitada, con multas que podrán alcanzar los 2 millones 400 mil pesos.
Con 96 votos a favor y ninguno en contra, los legisladores avalaron modificaciones a los artículos 18 Bis y 127 de dicha legislación, con el objetivo de proteger la privacidad de los consumidores frente a las prácticas comerciales de bancos, aseguradoras y otras compañías que ofrecen productos y servicios sin autorización.
La reforma establece que las empresas no podrán realizar llamadas o enviar publicidad de manera reiterada, persistente y sin consentimiento expreso de las personas, incluso cuando estas hayan manifestado previamente su negativa a recibir promociones comerciales.
Las sanciones económicas partirán de 56 mil 570 pesos y podrán incrementarse hasta 2 millones 400 mil pesos, dependiendo de las infracciones cometidas.
Durante la discusión, la senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), María del Rocío Corona Nakamura, señaló que la legislación busca terminar con las llamadas constantes de empresas que ofrecen tarjetas de crédito, préstamos, seguros de vida y otros productos financieros.
La legisladora destacó que estas prácticas representan una invasión a la privacidad de los consumidores, especialmente cuando las compañías insisten en establecer contacto sin respetar horarios ni la voluntad de las personas.
Por su parte, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Mayuli Latifa Martínez Simón, autora de la iniciativa, explicó que la reforma prohíbe expresamente las comunicaciones comerciales reiteradas que se realicen sin autorización.
Asimismo, señaló que la tranquilidad de los ciudadanos no debe depender de rechazar constantemente ofertas telefónicas que terminan convirtiéndose en una forma de acoso.
De acuerdo con datos de la aplicación Truecaller, citados durante la discusión legislativa, México se encuentra entre los países con mayor número de llamadas no deseadas, con un promedio de entre 20 y 25 comunicaciones mensuales por usuario.
Los legisladores advirtieron que estas prácticas no solamente generan molestias, sino que también pueden incrementar la vulnerabilidad de los consumidores frente a posibles fraudes y otras actividades ilícitas.
Otro de los cambios aprobados establece que las empresas proveedoras serán responsables del manejo de la información personal de los consumidores cuando sus campañas publicitarias sean realizadas mediante terceros.
Con ello, las compañías no podrán deslindarse de responsabilidad argumentando que las llamadas o mensajes fueron efectuados por empresas externas contratadas para ofrecer sus productos y servicios.
La reforma busca fortalecer las facultades de protección a los consumidores y establecer mecanismos de sanción contra las compañías que incumplan las disposiciones relacionadas con la privacidad y las comunicaciones comerciales.
El dictamen fue aprobado por todas las fuerzas políticas representadas en el Senado, como parte de las modificaciones legales orientadas a combatir el acoso telefónico con fines comerciales y publicitarios.
