- La Auditoría Superior de Nuevo León identificó 786 transferencias bancarias por mil 696.6 millones de pesos hacia un despacho jurídico relacionado con la familia del gobernador Samuel García. A esa cantidad se suman 418.8 millones en rendimientos financieros, lo que eleva el monto total de las operaciones examinadas a 2 mil 115.4 millones de pesos.
El auditor superior del estado, Alejandro Reynoso Gil, presentó los hallazgos de la fiscalización de la Cuenta Pública 2025 ante el Congreso de Nuevo León. Durante su comparecencia, expuso esquemas de triangulación que involucran a empresas proveedoras de la administración encabezada por el mandatario de Movimiento Ciudadano.
De acuerdo con los resultados expuestos por el funcionario, los auditores identificaron cuatro rutas de transferencias mediante constructoras, comercializadoras, empresas alimentarias y prestadoras de servicios. Los recursos circularon entre distintas compañías antes de llegar a cuentas de un despacho jurídico y fiscal vinculado a Samuel Orlando García Mascorro, padre del gobernador.
Entre las operaciones señaladas destacan transferencias por 385.3 millones de pesos mediante una ruta relacionada con una constructora; 202.9 millones a través de empresas comercializadoras y alimentarias; 62.9 millones mediante firmas de servicios y consultoría, y otros 77 millones por conducto de proveedores de equipamiento.
DIF Nuevo León y compra de medicamentos, también bajo la lupa
Los hallazgos también alcanzaron al DIF de Nuevo León, donde la Auditoría reportó operaciones cuestionadas por mil 953 millones de pesos, incluidas adquisiciones con presuntos sobreprecios.
De acuerdo con el reporte, 23.2 millones habrían llegado al despacho jurídico después de circular por una empresa de alimentos y otras cinco compañías relacionadas.
Auditoría federal ya investigaba operaciones en Nuevo León
Las observaciones estatales se suman a los antecedentes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que a finales de octubre informó sobre posibles esquemas de triangulación mediante contratos públicos, empresas intermediarias y transferencias hacia cuentas vinculadas con familiares de servidores públicos.
El caso llegó al Congreso de Nuevo León, que el 3 de noviembre exhortó a la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República y las autoridades fiscalizadoras a investigar las operaciones detectadas. Posteriormente, el 10 de noviembre, los legisladores aprobaron otro exhorto para solicitar información sobre posibles irregularidades en contrataciones del gobierno estatal.
En su balance general de la Cuenta Pública 2025, la Auditoría Superior de Nuevo León reportó 8 mil 902 observaciones no solventadas por 61 mil 001 millones de pesos. El organismo también informó sobre 233 denuncias derivadas de sus trabajos de fiscalización, cifras que abarcan distintas dependencias y entidades, no exclusivamente el caso del despacho jurídico.
Los nuevos hallazgos mantienen bajo escrutinio las operaciones financieras relacionadas con proveedores del gobierno de Samuel García y el entorno familiar del mandatario. Las observaciones deberán seguir los procedimientos legales correspondientes para determinar si existió daño al erario y establecer eventuales responsabilidades.





