- El gobernador Samuel García ya prepara la discusión del Presupuesto 2027 y abrió la puerta a contratar nuevo financiamiento para Nuevo León, pese a que la entidad registra actualmente la deuda per cápita más alta del país.
El emecista plantea solicitar un techo de endeudamiento cercano al 10% de los ingresos de libre disposición, bajo el argumento de que las finanzas estatales permanecen dentro del nivel sostenible del Sistema de Alertas de Hacienda.
García confirmó el 18 de agosto que buscará incluir financiamiento en el Paquete Fiscal 2027. Según explicó, Nuevo León se encuentra en “verde” dentro del Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda, por lo que legalmente tendría margen para contratar nuevos pasivos.
El gobernador aseguró que su propuesta sería pedir alrededor de 10%, aunque el nivel de endeudamiento sostenible permite un Techo de Financiamiento Neto de hasta 15% de los ingresos de libre disposición.
La intención, sostuvo, es conseguir recursos para concluir obras antes del cierre de su administración. El Ejecutivo prevé comenzar la negociación formal el 2 de septiembre con diputados, dirigentes partidistas, empresarios y representantes del Consejo Nuevo León.
La deuda por habitante creció 29% con Samuel
La discusión llega con un dato incómodo para el mandatario. Al cierre del primer trimestre de 2026, la deuda estatal por habitante alcanzó 17 mil 43.8 pesos, la cifra más alta entre las entidades federativas.
Cuando García inició su administración en 2021, el indicador rondaba los 13 mil pesos por persona. El incremento acumulado es de aproximadamente 28.9%, muy por encima del crecimiento promedio registrado a nivel nacional durante el mismo periodo.
El argumento de García sobre el semáforo financiero tiene sustento en la Ley de Disciplina Financiera. Una entidad clasificada con endeudamiento sostenible puede acceder a un techo de financiamiento de hasta 15% de sus ingresos de libre disposición.
Sin embargo, eso no significa que la deuda quede autorizada automáticamente. La legislación establece que el Congreso local debe aprobar los montos máximos de financiamiento con el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes, previo análisis del destino y capacidad de pago.
