- La Corte de Apelaciones de Reino Unido concluyó que el equipo de Ricardo Salinas Pliego incurrió en abuso del proceso judicial al contratar una operación encubierta para obtener información confidencial del abogado de su contraparte.
El juicio por el presunto fraude millonario contra el dueño de Grupo Elektra continuará. Sin embargo, el tribunal retiró las órdenes de congelamiento de activos que Salinas había conseguido contra los demandados.
El equipo del empresario contrató a Black Cube, firma privada de inteligencia integrada por antiguos agentes israelíes, para acercarse al abogado de los demandados.
Un operador se presentó como representante de un posible cliente y consiguió reunirse con el litigante en Ámsterdam. Durante aproximadamente seis horas y media, el abogado fue grabado mientras hablaba sobre la estrategia jurídica, posibles acuerdos, debilidades del caso y los efectos de las órdenes de congelamiento.
Con esa información, los representantes de Salinas Pliego solicitaron una sentencia anticipada que les permitiera ganar el caso sin llegar a juicio.
La Corte de Apelaciones respaldó el señalamiento realizado previamente por el juez Stephen Houseman, quien determinó que los demandantes buscaron información sensible mediante engaños dirigidos contra el abogado de su adversario.
Houseman sostuvo que intentar obtener comunicaciones confidenciales o privilegiadas del equipo jurídico contrario resultaba incompatible con las reglas básicas de un litigio. El juez consideró que esas acciones otorgaban una ventaja ilegítima y dañaban la integridad del proceso.
La sentencia original canceló la solicitud de resolución anticipada y ordenó a los demandantes cubrir los costos derivados del procedimiento. La Corte de Apelaciones fue más lejos y levantó completamente las órdenes mundiales de congelamiento que pesaban sobre los activos de los demandados.
El tribunal no desechó la demanda principal porque consideró que las acusaciones de fraude deben analizarse durante un juicio completo. Tampoco emitió una condena penal contra Salinas Pliego, la resolución se concentra en el abuso cometido dentro del litigio civil.
Acciones de Elektra por más de 400 millones
El conflicto comenzó con un préstamo respaldado por acciones de Grupo Elektra.
Salinas Pliego y su empresa Corporación RBS entregaron títulos valuados en alrededor de 415 millones de dólares como garantía para recibir un financiamiento de aproximadamente 115 millones. Los demandantes sostienen que una red controlada por Vladimir Sklarov vendió las acciones y se quedó con gran parte del dinero.
De acuerdo con documentos del caso, los supuestos prestamistas afirmaban tener vínculos con la histórica familia Astor. También utilizaron nombres como “Thomas Mellon” y presentaron a Astor Asset Management como una institución respaldada por una poderosa dinastía financiera.
Salinas Pliego asegura que descubrió posteriormente que esas identidades y relaciones empresariales eran falsas. Sklarov ha rechazado las acusaciones formuladas en su contra.
Estados Unidos acusa a Sklarov por fraude de 450 millones
El caso también llegó a Estados Unidos. La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York acusó a Vladimir Sklarov de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y lavado de dinero.
La acusación sostiene que Sklarov utilizó Astor Asset Group para obtener acciones valuadas en al menos 450 millones de dólares, venderlas y financiar el supuesto préstamo con una parte del dinero de la propia víctima. Sklarov fue detenido en Chicago en mayo de 2026.
Cada uno de los cargos podría alcanzar una pena máxima de 20 años de prisión. No obstante, las autoridades estadounidenses aclararon que se trata de acusaciones y que Sklarov mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia.
Black Cube afirmó que sus técnicas de recopilación de información cumplen con la legislación y señaló que el cuestionamiento judicial se relaciona con haber dirigido la operación específicamente contra el representante legal de la contraparte.
El problema para Salinas Pliego no fue únicamente contratar investigadores privados, sino utilizar la información conseguida mediante engaños para obtener una ventaja dentro del juicio.
