- El secretario de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz Santini, advirtió que las rentas en la capital mexicana alcanzan precios comparables con los de Manhattan y París, mientras miles de familias enfrentan dificultades para permanecer en sus colonias debido al encarecimiento inmobiliario.
Durante la primera mesa de diálogo sobre la nueva Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, el funcionario aseguró que vivir en la capital mexicana resulta más costoso que en ciudades como Bogotá, Buenos Aires y São Paulo.
Como ejemplo del encarecimiento, recordó que en 1998 rentó un departamento en la colonia Roma Sur por 1 mil 500 pesos mensuales, mientras que actualmente ese mismo inmueble se ofrece por 17 mil 500 pesos.
Brugada propone frenar aumentos abusivos en las rentas
Ante este panorama, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó una iniciativa para establecer mecanismos que impidan incrementos anuales superiores a la inflación reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El proyecto también contempla crear una Defensoría de las Relaciones Inquilinarias, adscrita a la Procuraduría Social, para ofrecer asesoría jurídica gratuita, intervenir en conflictos entre propietarios e inquilinos y sancionar determinados incumplimientos.
Además, plantea un registro digital de contratos de arrendamiento, administrado por la Agencia Digital de Innovación Pública, con el objetivo de mejorar la formalidad y la supervisión del mercado inmobiliario.
Viviendas privadas cuestan hasta 3.5 millones de pesos
Inti Muñoz también cuestionó la falta de vivienda privada asequible. Según explicó, algunos de los departamentos nuevos más económicos tienen apenas 40 metros cuadrados y cuestan entre 3 y 3.5 millones de pesos. El funcionario sostuvo que estos precios resultan inaccesibles para 95% de la población.
Frente a este escenario, señaló que el Gobierno capitalino mantiene la meta de construir 80 mil viviendas durante el sexenio, de las cuales 20 mil se destinarían al arrendamiento.
De acuerdo con cifras y estimaciones presentadas por la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México, alrededor de 2 millones de personas viven en más de 813 mil viviendas arrendadas en la capital, donde las rentas mensuales se estiman entre 16 mil 600 y 24 mil pesos, dependiendo de la ubicación y las características del inmueble.
Congreso analiza la nueva Ley de Rentas Justas
La iniciativa llegó al Congreso capitalino el 14 de octubre y fue turnada a las comisiones de Vivienda y de Administración y Procuración de Justicia.
El 6 de noviembre comenzó la primera de diez mesas de diálogo que se desarrollarán hasta el 17 de noviembre, con participación de autoridades, legisladores, organizaciones civiles, propietarios e inquilinos.
Mientras legisladores de Morena respaldaron la propuesta, representantes del PAN expresaron su rechazo. El Gobierno capitalino sostiene que la regulación no busca congelar las rentas ni eliminar los derechos de propiedad, sino establecer condiciones más equilibradas para el arrendamiento.
Suprema Corte ya validó el límite a los aumentos de renta
El 25 de febrero de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional el límite que impide aumentar anualmente las rentas habitacionales por encima de la inflación, al resolver el amparo en revisión 546/2025.
El máximo tribunal consideró que esta medida protege el derecho a una vivienda adecuada y previene incrementos desproporcionados, sin vulnerar la libertad contractual ni el derecho de propiedad.
¿Qué sanciones propone la nueva ley?
De acuerdo con los artículos 18, 19, 25 y 34 de la iniciativa de Ley de Rentas Justas presentada por Clara Brugada, los propietarios que aumenten los alquileres por encima de la inflación podrían recibir multas de entre 100 y 400 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Asimismo, quienes no registren oportunamente los contratos de arrendamiento enfrentarían sanciones equivalentes a uno y hasta tres meses de renta, mientras que no entregar un ejemplar original del contrato al inquilino implicaría multas de entre 25 y 50 UMA.
La propuesta también busca prohibir el cobro de pólizas jurídicas, investigaciones crediticias y otros gastos de intermediación a los arrendatarios, así como evitar prácticas discriminatorias contra familias con menores de edad o personas con animales de compañía. Estas sanciones aún no entran en vigor, pues la iniciativa continúa en discusión en el Congreso capitalino.
