- La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo tiene listo un proyecto de reforma al Poder Judicial de la Federación que propone que la próxima elección de jueces y magistrados comience su proceso en abril de 2027 y que la jornada electoral de 2028 coincida con la consulta de revocación de mandato presidencial.
La iniciativa también plantea reducir el poder financiero del Órgano de Administración Judicial (OAJ) y otorgar mayor autonomía presupuestaria a otros órganos del Poder Judicial, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De acuerdo con el proyecto, la convocatoria general para la elección judicial deberá emitirse a más tardar el 30 de abril del año previo a los comicios.
Con este calendario, la elección judicial de 2028 podría celebrarse el primer domingo de junio y coincidir con la jornada de revocación de mandato correspondiente al cuarto año del periodo presidencial.
La propuesta también busca adelantar los tiempos de organización para permitir que los aspirantes sean inscritos, evaluados y seleccionados con mayor anticipación.
Cambian reglas para selección de aspirantes
La iniciativa establece que, dentro de los 15 días posteriores a la convocatoria, deberán integrarse los comités de selección y coordinación de trabajos.
Estos órganos tendrían que verificar requisitos de elegibilidad, establecer criterios y metodologías homologadas de evaluación, selección y exámenes de conocimientos.
El proyecto plantea que todas las personas aspirantes sean evaluadas bajo las mismas reglas, sin importar el poder que las postule.
Plantean cambios al funcionamiento del Poder Judicial
La propuesta incluye la creación de un espacio institucional para compartir información, coordinar prioridades y dar seguimiento a problemas comunes entre los distintos órganos del Poder Judicial.
También propone que la Suprema Corte tenga competencia para resolver controversias que surjan entre los propios órganos del Poder Judicial de la Federación, con el objetivo de dar certeza sobre la distribución de atribuciones.
Buscan dar mayor autonomía presupuestaria a órganos judiciales
Otro de los cambios centrales es reducir la concentración del manejo presupuestal en el Órgano de Administración Judicial.
La iniciativa plantea que la Suprema Corte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Tribunal de Disciplina Judicial puedan gestionar sus propios presupuestos y ejercer directamente sus recursos.
Cada órgano contaría con sus propias unidades de administración y facultades para contratar servicios, bienes, tecnología y obra pública.
La propuesta sostiene que la autonomía administrativa debe funcionar como una herramienta para que los órganos judiciales atiendan sus necesidades institucionales sin depender de una sola estructura central.
