- El Órgano de Administración Judicial eliminó el acuerdo de evaluación del desempeño tras las protestas de trabajadores judiciales. Sin embargo, pese a los compromisos alcanzados con sus dirigentes sindicales, al menos 50 juzgados y tribunales federales permanecían cerrados.
El Órgano de Administración Judicial (OAJ) terminó por abrogar el acuerdo que regulaba las evaluaciones de desempeño del personal de carrera judicial. La decisión llegó este lunes 9 de noviembre, después de las protestas de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), quienes, pese a las concesiones obtenidas, mantuvieron cerradas las instalaciones de al menos 50 juzgados y tribunales federales, según denunció el propio organismo.
La determinación se tomó durante una sesión extraordinaria del Pleno del OAJ, luego de los acuerdos alcanzados el sábado 7 de noviembre entre representantes sindicales y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz. Las autoridades habían aceptado eliminar cualquier disposición que permitiera sancionar o despedir trabajadores por los resultados de las evaluaciones, así como retirar los exámenes extraordinarios solicitados por superiores jerárquicos.
Trabajadores mantienen paro pese a acuerdos con el Poder Judicial
Aunque las dirigencias sindicales se comprometieron a normalizar las actividades este lunes, distintos grupos de trabajadores decidieron continuar las protestas. Ante la falta de acuerdos para reabrir todas las instalaciones, el OAJ optó por eliminar completamente el Acuerdo General AG-POAJ-025/2026, que había publicado apenas el 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La situación exhibió las diferencias entre los dirigentes sindicales y los trabajadores inconformes. Mientras las autoridades judiciales anunciaban el regreso a las actividades, algunos manifestantes condicionaron la reapertura de los tribunales a la publicación oficial de las modificaciones y a la revisión de sus alcances. Patricia Aguayo, vocera de trabajadores del PJF, sostuvo que no levantarían la protesta hasta comprobar que ninguna disposición pusiera en riesgo su estabilidad laboral.
En su comunicado 107/2026, el OAJ cuestionó que las suspensiones continuaran pese a los compromisos alcanzados. El organismo advirtió que el cierre de al menos 50 órganos jurisdiccionales repercutía directamente en el derecho de acceso a la justicia, pues impedía la atención normal de asuntos judiciales.
Las inconformidades surgieron por las posibles consecuencias laborales de un esquema que vinculaba evaluaciones con la permanencia en el cargo, aunque el primer ejercicio de diciembre tendría carácter diagnóstico. Sin embargo, la suspensión de actividades abrió otro debate: cómo garantizar los derechos laborales sin interrumpir un servicio público esencial. La eliminación del acuerdo desactivó la norma cuestionada, pero también dejó pendiente la construcción de un mecanismo de evaluación que permita mejorar el desempeño judicial sin vulnerar los derechos de los trabajadores ni de quienes esperan justicia.
