El Poder Judicial del Estado de México certificó al muy desprestigiado exsecretario del Trabajo de Felipe Calderón, Javier Lozano Alarcón, como Persona Facilitadora Privada, una figura que posee fe pública para formalizar acuerdos entre particulares que, una vez registrados, pueden adquirir efectos de cosa juzgada.
La constancia fue expedida el 29 de mayo de 2026 en Toluca y lleva las firmas del presidente del Tribunal Superior de Justicia mexiquense, Héctor Macedo García, y de Blanca Colmenares Sánchez, directora del Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.
Javier Lozano obtiene fe pública del Poder Judicial mexiquense
La Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2024, establece que las personas facilitadoras privadas certificadas cuentan con fe pública, aunque limitada a determinados actos relacionados con los convenios que celebran las partes y la certificación de documentos vinculados con ellos.
Lozano podrá intervenir en procedimientos voluntarios en los que particulares busquen resolver controversias sin llevarlas hasta un juicio tradicional. La mediación puede utilizarse, entre otros ámbitos, para conflictos civiles y mercantiles susceptibles de convenio. El propio Poder Judicial mexiquense ha señalado aplicaciones en contratos, adeudos, pagarés, conflictos patrimoniales, disputas entre empresas, socios, clientes y proveedores.
Sus convenios pueden convertirse en cosa juzgada
El artículo 98 de la Ley General dispone que los convenios firmados por las partes y suscritos por una persona facilitadora, una vez registrados e inscritos en el Sistema de Convenios correspondiente, “tendrán efectos de cosa juzgada”.
Eso significa que el acuerdo no queda como un simple contrato privado firmado entre dos personas. Obtiene una fuerza jurídica que permite exigir su cumplimiento.
El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares incluso reconoce que los convenios derivados de mecanismos alternativos pueden alcanzar la categoría de cosa juzgada o sentencia ejecutoria, sin necesidad de ratificarlos posteriormente ante una autoridad jurisdiccional cuando así lo permita la legislación aplicable.
El propio Poder Judicial del Estado de México explica en materiales de formación que los acuerdos de mediación pueden adquirir “el mismo efecto que una sentencia”.
¿Por qué importa que el certificado sea Javier Lozano?
Javier Lozano no llega a la mediación desde una trayectoria caracterizada precisamente por la neutralidad. Como secretario del Trabajo durante el gobierno de Felipe Calderón tuvo participación directa en uno de los conflictos laborales más cuestionados de aquel sexenio: la extinción de Luz y Fuerza del Centro y la confrontación posterior con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Meses antes de la desaparición del organismo, Lozano participó en una negociación salarial entre Luz y Fuerza y el SME que permitió evitar una huelga. Sin embargo, después del decreto de extinción de octubre de 2009, su papel cambió radicalmente: dejó de aparecer como un funcionario con capacidad de conciliación y se convirtió en uno de los principales defensores de la postura gubernamental frente a los trabajadores.
Tras la desaparición de Luz y Fuerza, Lozano cerró públicamente cualquier posibilidad de discutir uno de los puntos centrales del conflicto. El 16 de octubre de 2009 aseguró que la liquidación de la empresa “no estaba a discusión”, aun cuando el gobierno federal y el sindicato se encontraban en medio de mesas de diálogo.
La confrontación continuó durante meses. En enero de 2010, Lozano acusó públicamente a integrantes del sindicato de realizar actos de sabotaje para afectar el suministro eléctrico. El dirigente del SME, Martín Esparza, respondió entonces que el secretario debía dejar de realizar declaraciones que entorpecieran las negociaciones.
En mayo de ese mismo año, Lozano volvió a cerrar públicamente la puerta a dos de los principales reclamos sindicales: revertir la extinción de Luz y Fuerza y permitir la contratación colectiva del SME dentro de la Comisión Federal de Electricidad.
Incluso cuando el gobierno federal instaló una mesa de diálogo de alto nivel con el sindicato, el entonces secretario sostuvo que la negociación no implicaba discutir nuevamente la desaparición de la empresa.
Todavía en 2011, el gobierno federal y el SME tuvieron que firmar nuevos acuerdos para buscar una alternativa laboral para más de 16 mil trabajadores. Un año después, ya en la recta final del sexenio, miles de electricistas continuaban sin una solución definitiva.
El acuerdo que permitió encauzar buena parte del conflicto llegó hasta 2015, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, con un memorándum que contempló liquidaciones y la entrega de activos para desarrollar un nuevo proyecto productivo.
Resulta inevitable señalar que cuando Javier Lozano tuvo responsabilidad institucional dentro de uno de los mayores conflictos laborales del país, terminó convertido en uno de sus protagonistas y la disputa permaneció abierta años después de su salida del cargo. Su mal trabajo caracterizado por la rudeza innecesaria o bravuconería le costo el apodo de “saco de pus”.
La ley le exige neutralidad e imparcialidad como mediador
La Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias establece que quienes desempeñen esta función deben actuar bajo principios de imparcialidad y neutralidad.
La imparcialidad obliga al facilitador a mantenerse libre de favoritismos, inclinaciones o preferencias personales que puedan beneficiar indebidamente a alguna de las partes.
La neutralidad, por su parte, exige conducir cada asunto con objetividad y evitar opiniones, prejuicios o juicios de valor que puedan influir en las personas involucradas.
Ese estándar resulta especialmente relevante en el caso de Lozano, cuya trayectoria pública ha estado marcada por la confrontación política. Además del conflicto con el SME, Lozano pasó del PRI al PAN, renunció a Acción Nacional en enero de 2018 y al día siguiente se incorporó como vocero de la campaña presidencial priista de José Antonio Meade.
Su activismo político continuó años después. En 2024 se sumó al equipo de campaña de Santiago Taboada, candidato del PAN, PRI y PRD a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
