- El PAN volvió a subirse al caso Rubén Rocha Moya para exigir que el Senado evalúe la desaparición de poderes en Sinaloa.
- La jugada llega después de que el gobernador pidió licencia y mientras la FGR sostiene que Estados Unidos no ha enviado pruebas suficientes para una detención inmediata.
El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, pidió que el Senado de la República evalúe la desaparición de poderes en Sinaloa, luego de las acusaciones presentadas en Estados Unidos contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y otros funcionarios por presuntos vínculos con el crimen organizado.
En un comunicado fechado el 3 de mayo, Acción Nacional aseguró que los señalamientos desde Estados Unidos apuntan a una posible intervención del crimen organizado en la elección de 2021 y que la crisis de seguridad en Sinaloa habría rebasado a las autoridades locales.
Romero sostuvo que la licencia de Rocha Moya “no resuelve el problema” y planteó que la desaparición de poderes sería una salida institucional para restablecer el orden en la entidad. El PAN, fiel a su estilo, convirtió el expediente en bandera política nacional.
Rocha pidió licencia; FGR exige pruebas
El contexto es clave: el Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad la solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya por más de 30 días, luego de que el mandatario estatal se separó temporalmente del cargo para permitir que las autoridades investiguen las acusaciones en su contra.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República dejó claro que la solicitud enviada por Estados Unidos no cuenta, hasta ahora, con elementos suficientes para justificar una detención urgente. La FGR informó que pedirá más pruebas y documentos antes de avanzar en cualquier determinación.
La presidenta Claudia Sheinbaum también fijó postura: México no puede actuar por presión extranjera ni por ruido mediático. La ruta, dijo, debe pasar por pruebas claras, debido proceso y defensa de la soberanía nacional.
Oposición quiere sentencia antes que investigación
El caso ya tomó dimensión política. Mientras las autoridades mexicanas revisan el expediente y exigen sustento legal, el PAN busca llevar el debate al terreno de la desaparición de poderes, una medida extrema que implicaría la intervención del Senado en la vida institucional de Sinaloa.
La oposición intenta presentar las acusaciones como verdad definitiva, aunque el propio proceso todavía depende de pruebas, cooperación jurídica y revisión conforme a la ley mexicana.
