- Morena pidió a la Fiscalía capitalina investigar hasta las últimas consecuencias los posibles vínculos entre las redes dedicadas al despojo de viviendas y el llamado cártel inmobiliario. La bancada también exigió a las alcaldías revisar a sus funcionarios de desarrollo urbano: la corrupción no ocupa una casa por accidente, necesita permisos, protección y varias puertas abiertas.
El diputado local Paulo García llamó a las 16 alcaldías de la Ciudad de México a vigilar la actuación de quienes autorizan permisos, usos de suelo y ocupaciones de inmuebles.
El legislador puso especial atención en Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, demarcaciones que concentran el mayor número de denuncias por despojo, y pidió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México agotar todas las líneas de investigación.
“No vamos a señalar a nadie sin pruebas”, aclaró García. Sin embargo, reconoció que existen testimonios y versiones que apuntan hacia una posible relación entre grupos dedicados a arrebatar propiedades y redes de corrupción inmobiliaria.
Despojos, golpeadores y permisos “curiosos”
Como antecedente, García señaló lo ocurrido durante la administración de Mauricio Toledo en Coyoacán. Según el diputado, servidores públicos identificaban viviendas abandonadas o habitadas por personas adultas mayores; posteriormente, grupos de golpeadores ocupaban los inmuebles y la alcaldía terminaba autorizando desarrollos inmobiliarios en esos predios.
La acusación necesita una investigación ministerial que determine responsabilidades. No obstante, el modus operandi descrito muestra que el despojo puede superar la simple invasión: también puede involucrar documentos, autorizaciones administrativas, protección policial y funcionarios que deciden mirar hacia otro lado.
García también pidió investigar señalamientos vecinales contra elementos de la Policía Auxiliar, quienes presuntamente ayudaron a despojadores en lugar de proteger a las víctimas.
Familias de República de Argentina 110 siguen sin justicia
El llamado ocurre mientras 42 familias continúan en resistencia por el inmueble ubicado en República de Argentina 110, en el Centro Histórico.
Las personas afectadas denunciaron que fueron expulsadas en agosto de 2023 de los 16 departamentos de la vieja casona. Desde entonces instalaron un campamento en el callejón de República de Ecuador y exigen recuperar las viviendas que ocuparon durante décadas.
La pesadilla no terminó con el primer desalojo. El 8 y el 26 de junio de 2026, distintos sujetos intentaron tomar nuevamente el inmueble, pese a que la Fiscalía colocó sellos en los accesos por la investigación abierta.
En uno de los episodios, un hombre acompañado por un supuesto policía mostró en su teléfono la fotografía de una presunta orden judicial. Días después, hombres vestidos de negro y con cubrebocas aseguraron que acudían para entregar la propiedad a su supuesto dueño.
Brugada mantiene estrategia contra el despojo
El Gobierno de Clara Brugada creó un gabinete especializado para coordinar a la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Gobierno y otras dependencias frente a este delito.
Entre abril y diciembre de 2025, el gabinete atendió 4 mil 71 reportes, abrió 399 expedientes y realizó 290 intervenciones. Las autoridades restituyeron 94 predios, aseguraron otros 10 y detuvieron a nueve personas.
La estrategia continuó durante 2026. Tan sólo entre el 15 y el 22 de julio, las autoridades efectuaron 22 acciones para atender ocupaciones irregulares, recuperar inmuebles y devolver propiedades a quienes acreditaron su posesión legítima.
Además, la Ciudad de México ya incorporó al Código Penal el delito de corrupción inmobiliaria. La reforma tomó como referencia el esquema detectado en Benito Juárez, donde investigaciones involucraron a exservidores públicos, familiares y desarrolladores.
