- Diputados de Morena llevaron ante la Fiscalía capitalina al alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, y a César Garrido por posibles omisiones en la supervisión de la demolición de Minería 145, donde un edificio colapsó sobre Viaducto y dejó una persona lesionada.
El derrumbe de un edificio en plena demolición en la colonia Escandón ya llegó a la vía penal. Los diputados locales de Morena Víctor Hugo Romo y Paulo García presentaron una denuncia contra el alcalde panista Mauricio Tabe y César Garrido, director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos de Miguel Hidalgo, para que la Fiscalía de la Ciudad de México determine si existieron negligencias u omisiones de servidores públicos.
La denuncia deriva del colapso ocurrido el pasado 11 de agosto en Minería 145, casi esquina con Viaducto Miguel Alemán, cuando parte de un inmueble en proceso de demolición se desplomó y los escombros terminaron sobre la lateral de la vialidad. Un motociclista de 24 años resultó lesionado y un automóvil sufrió daños; los 15 trabajadores que estaban en el predio fueron localizados y no se reportaron personas atrapadas.
Morena pide investigar la supervisión de la alcaldía
El punto central de la denuncia no es si existía un permiso de demolición, sino qué hizo la Alcaldía Miguel Hidalgo para vigilar que los trabajos autorizados se realizaran conforme a las medidas de seguridad.
Romo sostiene que contar con una licencia no libera a los servidores públicos de sus facultades de vigilancia y verificación. Los legisladores pidieron un peritaje para determinar las causas del colapso y establecer si una supervisión oportuna pudo prevenirlo.
La licencia de construcción especial para demolición identificada como MHLE/D/059/2026, correspondiente al expediente FMH-016-2026, amparaba trabajos sobre una superficie superior a 9 mil 300 metros cuadrados. En el expediente aparece Raíces Houston S.A. de C.V. y Nicolás Arturo Iris Aguilar como Director Responsable de Obra.
Romo sostiene además que la alcaldía conocía previamente el proyecto y ha exigido hacer públicos el expediente completo, las responsivas técnicas, el procedimiento autorizado de demolición, las medidas de seguridad y las visitas de verificación realizadas antes del accidente.
Tabe se deslinda y responsabiliza a empresa y DRO
Mauricio Tabe ha rechazado que la responsabilidad recaiga en la alcaldía. Tras el derrumbe, confirmó que Miguel Hidalgo expidió la licencia de demolición el 15 de julio de 2026, pero aseguró que, una vez autorizados los trabajos, la ejecución segura correspondía al constructor y al Director Responsable de Obra.
El alcalde señaló directamente a Raíces Houston y al DRO encargado del proyecto como quienes deberán responder por las fallas que determinen los peritajes. También pidió esperar la investigación de la Fiscalía para establecer la causa exacta del colapso.
La empresa, por su parte, atribuyó inicialmente el derrumbe al reblandecimiento del terreno provocado por las lluvias y sostuvo que la estructura ya presentaba deterioro asociado, entre otros factores, a los sismos de 1985 y 2017. La Fiscalía deberá determinar si los trabajos se efectuaron conforme a las autorizaciones y condiciones técnicas aplicables.
Morena señala posible “cártel inmobiliario”
El vocero de Morena en el Congreso capitalino, Paulo García, vinculó el caso con lo que su bancada denomina “cártel inmobiliario” y sostuvo que debe investigarse si la falta de supervisión y cumplimiento de las normas de desarrollo urbano forma parte de un patrón más amplio. Se trata de un señalamiento político de Morena que deberá acreditarse en las investigaciones correspondientes.
Romo también ha sostenido que el caso no puede reducirse a la existencia de una licencia: para el legislador, la investigación debe establecer quién autorizó, quién supervisó y qué verificaciones llevó a cabo la autoridad antes de que una estructura terminara desplomándose sobre una vialidad pública.
El Instituto de Verificación Administrativa suspendió posteriormente las actividades en el predio mientras las autoridades comenzaron las investigaciones sobre la constructora y el Director Responsable de Obra.
Ahora corresponderá a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México establecer si el derrumbe se debió exclusivamente a errores de los particulares encargados de la demolición o si también existieron omisiones atribuibles a funcionarios de Miguel Hidalgo.
