- El exgobernador de Zacatecas y actual diputado federal del PRI, Miguel Alonso Reyes, posee junto con integrantes de su familia al menos 31 fincas y bienes inmuebles distribuidos en cuatro municipios del estado, mientras enfrenta cinco denuncias penales relacionadas con presunto enriquecimiento ilícito, desvío de recursos y probable asociación delictuosa.
La información forma parte de una investigación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) de Zacatecas, cuyos datos fueron cotejados con el Registro Público de la Propiedad y difundidos este 4 de septiembre por La Jornada. La dependencia sostiene que los ingresos acumulados por Alonso Reyes durante su trayectoria como servidor público no serían suficientes para explicar el patrimonio inmobiliario identificado.
De los 31 inmuebles documentados, 11 están directamente a nombre de Miguel Alonso Reyes, mientras que otros 20 pertenecen a sus hermanos o están registrados en copropiedad con ellos: Juan Manuel, Lucía Alma Rosa, Paulina y Margarita Alonso Reyes.
Entre las propiedades atribuidas directamente al exmandatario aparecen dos casas en el Centro Histórico de Zacatecas, lotes en zonas residenciales de Guadalupe y Zacatecas, así como un terreno de 35 hectáreas en la ex hacienda de Malpaso.
En este último predio, adquirido en 2011, se construyó un rancho que, de acuerdo con las investigaciones citadas por medios locales, cuenta con instalaciones como lago artificial, fuente, salón de fiestas y caballerizas.
Su patrimonio ya había sido cuestionado desde su gobierno
Los señalamientos contra Alonso Reyes no son nuevos. En junio de 2025, la SFP de Zacatecas concluyó que, con base en sus propias declaraciones patrimoniales, el entonces exgobernador había registrado durante su sexenio un incremento superior a 17 millones 151 mil pesos, cantidad que, según la dependencia, superaba sus percepciones salariales del periodo.
La investigación fue turnada a la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas para integrarse a otras carpetas abiertas previamente contra el priista.
El tema patrimonial ya había generado polémica desde 2016. Al término de su administración, el propio gobierno estatal informó que Alonso Reyes reportaba un patrimonio de 20.7 millones de pesos, mientras que sus ingresos como gobernador rondaban los 7.7 millones durante el periodo reportado. En aquel momento, las autoridades señalaron que parte de sus bienes provenía de patrimonio familiar previo.
Cinco denuncias penales siguen sobre la mesa
Alonso Reyes acumula cinco denuncias presentadas entre 2016 y 2018 por presuntos delitos relacionados con enriquecimiento inexplicable, desvío de recursos y probable asociación delictuosa. Dos de esos expedientes corresponden al ámbito federal.
Según información difundida por La Jornada, las denuncias no derivaron entonces en procesos formales contra el exgobernador y permanecieron durante años sin avances relevantes.
Alonso Reyes gobernó Zacatecas entre 2010 y 2016 por el PRI. Antes ocupó cargos en administraciones perredistas, fue alcalde de Zacatecas y diputado local. Posteriormente dirigió el Fondo Nacional de Fomento al Turismo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y actualmente ocupa una diputación federal por el tricolor.
Alonso Reyes acusa persecución política
El exmandatario ha rechazado distintos señalamientos de la SFP y sostiene que enfrenta una persecución política desde el gobierno de David Monreal.
El 2 de septiembre anunció denuncias contra el titular de la SFP estatal, Ernesto González Romo, ante la Fiscalía de Zacatecas, el INE y la Comisión de Derechos Humanos del estado, por hechos que —según Alonso Reyes— podrían constituir delitos como calumnia, abuso de autoridad e incitación a la violencia.
También ha negado irregularidades específicas. En agosto rechazó haber recibido gratuitamente un terreno ubicado en el fraccionamiento SPAUAZ y aseguró que lo compró años antes con recursos propios. La SFP respondió que la escritura pública registra la operación como una donación con subsidio de 100 por ciento.
El gobernador David Monreal negó que exista persecución política y sostuvo que las investigaciones deben resolverse bajo el “imperio de la ley y del derecho”.
También recordó que durante una de las cuentas públicas de la administración de Alonso Reyes se registraron observaciones superiores a 2 mil millones de pesos, aunque ese señalamiento no equivale por sí mismo a una responsabilidad penal del exgobernador.
