- La oposición anda espantando a la gente con desinformación, pero la nueva Ley General de Aguas no toca los títulos legítimos: va directo contra los acaparadores que hicieron del agua un botín privado. Conagua lo deja claro: se acabó el negocio de los gandallas.
Una reforma para ordenar, no para perseguir
Mientras la derecha corre el chisme de que “se cancelarán concesiones”, Conagua desmonta el mito: el sistema se mantiene tal cual, solo que ahora sin la corrupción que llevaba décadas pudriéndolo. Los títulos seguirán siendo heredables y vendibles, pero bajo reglas claras y trazables.
El director de Conagua, Efraín Morales López, explica que la ley no busca castigar al pequeño agricultor, sino a los “gandallas y abusivos” que lucraron con agua que era para producir alimentos, no para inflar negocios turbios. Esos mismos mafiosos, desde hace semanas, empujan una campaña negra para evitar que se les acabe el privilegio.
Las concesiones fantasma y el mercado negro del agua
Hoy existen 536 mil títulos de concesión en el país; más de 50 mil están en irregularidades: presuntamente agrícolas, pero en realidad sirviendo a balnearios, parques industriales, campos de golf o pipas que venden agua al mejor postor. El abuso era descarado.
Morales detalla que la nueva ley impondrá multas muy altas y penas de hasta 5 años de prisión para quienes compran y venden concesiones como si fueran fichas de casino. La idea es terminar con el “coyoteo” que mantenía a comunidades enteras secas mientras un puñado acumulaba títulos casi regalados.
4T: recuperar lo que era de todos
El gobierno de la transformación ya recuperó 4 mil 500 millones de metros cúbicos de agua que estaban secuestrados por intereses privados. Con la reforma, se pretende liberar aún más volumen, garantizando el suministro para consumo humano, agricultura y desarrollo económico.
La meta es sencilla: orden, trazabilidad y cero corrupción. Cada concesión quedará asociada a una plataforma pública que permitirá rastrear su origen, uso y transferencias. Se acabó aquello de que una comunidad junto al río no pueda usar el agua porque “ya tiene dueño”.
Sheinbaum: justicia hídrica y bienestar con rumbo
En el mismo paquete de información, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que 2026 será el año con la inversión social más grande en la historia: un billón de pesos, directo a la gente y sin intermediarios. La 4T demuestra que cuando no se roba, alcanza para redistribuir.
Con esta reforma, el agua deja de ser un privilegio acumulado y vuelve a ser lo que siempre debió: un derecho y un recurso estratégico para el país entero.
