- Pese a que Pablo Lemus reconoció abusos policiales durante las protestas por agua limpia en Guadalajara, cuatro ciudadanos fueron vinculados a proceso. Ya son seis las personas que enfrentan acusaciones penales por los hechos del 11 de octubre.
Este viernes 16 de octubre, un juez vinculó a proceso a cuatro personas detenidas durante la manifestación que exigía agua limpia en Guadalajara.
Samuel Morales Navarro, Alexis Daniel Guzmán Ríos, Juan Darío Muñoz Nava y Teodoro Jesús Torres Valdez enfrentan acusaciones por lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad.
La resolución ocurrió cinco días después del operativo policial frente a Casa Jalisco, donde elementos estatales utilizaron chorros de agua y gases para dispersar a manifestantes.
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) denunció que la resolución judicial representa un nuevo episodio de criminalización de la protesta social.
La audiencia comenzó alrededor de las 10:00 horas en los juzgados de Puente Grande y se prolongó durante aproximadamente cinco horas.
El juez Francisco Javier Castellanos de la Cruz determinó vincular a proceso a los cuatro ciudadanos, quienes enfrentarán las acusaciones en libertad.
Como medida cautelar, deberán presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales. La resolución contempla firmas mensuales durante seis meses y un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.
La decisión provocó inconformidad entre familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes cuestionaron la actuación de las autoridades.
El CEPAD condenó la resolución mediante un posicionamiento público:
“Hoy el Poder Judicial respaldó la criminalización de la protesta social”.
La organización exigió que se retiren todos los cargos contra los ciudadanos y recordó que la manifestación pacífica constituye un derecho protegido por la Constitución.
Ya son seis personas vinculadas a proceso por la protesta del agua
La resolución de este viernes se suma a los procedimientos iniciados contra Israel Rosas Flores e Iván Octavio Salazar Reynoso.
Ambos fueron vinculados a proceso el pasado 13 de octubre por lesiones y deben presentarse a firmar cada 15 días.
De los siete ciudadanos que la Fiscalía presentó ante un juez, solamente David Isaac Álvarez Hernández quedó libre de cargos.
Así, seis personas permanecen sujetas a procesos penales relacionados con la movilización, aunque ninguna de ellas se encuentra actualmente encarcelada.
Entre los afectados está Samuel Morales, repartidor de aplicaciones cuya familia denunció que fue detenido mientras trabajaba, sin participar en los enfrentamientos.
También figura Alexis Guzmán, joven cineasta que acudió a documentar la manifestación, así como Juan Darío, estudiante universitario, y Teodoro, trabajador y padre de familia.
Lemus reconoció detenciones injustas y uso excesivo de la fuerza
La decisión judicial contrasta con las declaraciones del propio gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien reconoció irregularidades en el operativo del 11 de octubre.
El mandatario admitió que hubo uso excesivo de la fuerza y detenciones injustas durante la intervención de la Policía Estatal.
Tras las denuncias, la Fiscalía de Jalisco abrió 14 carpetas de investigación por posibles abusos policiales: 11 de oficio y tres mediante comparecencias de personas afectadas.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad estatal puso a 17 elementos policiales bajo investigación administrativa.
Sin embargo, el reconocimiento de las irregularidades y la apertura de investigaciones no han impedido que continúen los procesos contra los manifestantes.
CEPAD denuncia irregularidades y exige retirar los cargos
La defensa de los cuatro ciudadanos cuestionó que el juez no atendiera debidamente las pruebas presentadas para desvirtuar las acusaciones.
También señaló obstáculos para acceder a registros judiciales y denunció que familiares no pudieron ingresar a la audiencia.
La abogada Sandra Millán cuestionó, además, la competencia de la unidad de la Fiscalía encargada de integrar la carpeta de investigación.
Los señalamientos forman parte de los argumentos de la defensa y deberán resolverse por las vías legales correspondientes.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también atrajo el caso para investigar posibles violaciones a los derechos humanos durante el operativo policial.
Entre los hechos denunciados se encuentran detenciones arbitrarias, incomunicación, agresiones físicas y posibles actos de tortura.
Agua limpia para Guadalajara: una exigencia que terminó en procesos penales
La movilización del 11 de octubre surgió del descontento ciudadano por la mala calidad del agua que reciben habitantes de Guadalajara y su zona metropolitana.
De acuerdo con cifras oficiales, 39 personas fueron detenidas durante el operativo frente a Casa Jalisco, aunque organizaciones civiles documentaron un número mayor de retenciones.
La inconformidad tiene antecedentes concretos. Un estudio ciudadano del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario detectó deficiencias en la calidad del agua y posibles contaminantes en muestras de distintos hogares.
Mientras las familias reclaman soluciones al problema hídrico, el gobierno estatal enfrenta cuestionamientos tanto por el operativo como por las consecuencias judiciales de las detenciones.
La ciudadanía salió a exigir agua limpia. La Policía respondió con chorros de agua, gases, detenciones y violencia. Cinco días después, seis personas siguen enfrentando procesos penales. Así terminó, por ahora, la protesta bajo el gobierno de la llamada “nueva política”.
