- La Fiscalía General de la República reactivó el expediente por el contrato millonario firmado entre el Ayuntamiento de Aguascalientes y Next Energy durante la administración de la hoy gobernadora panista Teresa Jiménez. Cinco de sus antiguos colaboradores ya fueron imputados ante un juez.
La FGR, encabezada por Ernestina Godoy, retomó la investigación por las presuntas irregularidades en un convenio que el municipio de Aguascalientes firmó en 2019 con Next Energy para generar y suministrar energía eléctrica.
El caso permaneció prácticamente detenido durante la gestión de Alejandro Gertz Manero, pese a las denuncias que Morena presentó desde 2022. La indagatoria apunta, por ahora, contra cinco exfuncionarios ligados política y profesionalmente a Teresa Jiménez, quien gobernaba la capital estatal cuando se autorizó el contrato.
La senadora morenista Nora Ruvalcaba insistió durante años en que la FGR investigara el proyecto. En marzo de 2026 acudió nuevamente al Ministerio Público federal para solicitar que atrajera el expediente, bajo el argumento de que los pagos afectaban participaciones federales del municipio.
Cinco exfuncionarios, bajo investigación
La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción imputó a Jaime Gerardo Beltrán Martínez, exsecretario del Ayuntamiento; Alfredo Martín Cervantes García, exsecretario de Finanzas; Mónica Marcela Díaz Aranda, exencargada de Administración; Luis Alberto Rivera Vargas, exsíndico procurador, y Rodolfo Téllez Moreno, exsecretario de Servicios Públicos.
Los cinco fueron citados inicialmente en las oficinas de la FGR en la Ciudad de México y posteriormente en Aguascalientes, pero no se presentaron. Algunos promovieron amparos para evitar una posible detención, de acuerdo con la información publicada sobre el expediente.
Beltrán Martínez, actual presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Aguascalientes, argumentó que cuenta con fuero. La Fiscalía investiga a los exservidores públicos por el presunto uso ilícito de atribuciones y facultades relacionado con las autorizaciones económicas del proyecto.
Un negocio millonario sin energía
El contrato planteaba la construcción de un parque fotovoltaico para abastecer de electricidad al municipio. Aunque el compromiso se presentó inicialmente por 949 millones de pesos, el costo real durante sus 30 años de vigencia habría ascendido a 7 mil 854 millones.
El Ayuntamiento comprometió parte de sus participaciones federales y de la recaudación por alumbrado público. Los recursos se administrarían mediante un fideicomiso en Banca Afirme, mientras Next Energy mantendría el control de la infraestructura energética.
Nora Ruvalcaba sostiene que se entregaron más de 2 mil millones de pesos a la empresa sin que esta suministrara “un solo watt” como contraprestación. La legisladora considera que podrían configurarse delitos de peculado y desvío de recursos.
Teresa Jiménez firmó, pero no ha sido imputada
La firma de Teresa Jiménez aparece en el contrato investigado; sin embargo, la gobernadora panista no forma parte, hasta ahora, de la imputación presentada contra sus cinco excolaboradores.
Un representante de la mandataria negó que ella haya cometido irregularidades y acusó al oficialismo de “litigar en medios”. También sostuvo que ya existen personas detenidas y procesos judiciales vinculados con el caso.
El único procesado hasta el momento es Eugenio Javier Maíz Domene, propietario de Next Energy, detenido por autoridades estatales. El empresario rechaza las acusaciones y afirma que las carpetas en su contra fueron fabricadas.
Para Nora Ruvalcaba, procesar únicamente al empresario no resolverá el daño financiero causado al municipio. La senadora exige recuperar los recursos y sancionar a quienes firmaron y autorizaron el contrato.
