- El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, dejó de aparecer bajo custodia del sistema penitenciario federal de Estados Unidos desde el 11 de agosto, aunque el proceso penal en su contra continúa abierto y las autoridades no han explicado públicamente qué ocurrió con su situación jurídica.
El movimiento ocurre una semana después de que una audiencia prevista para el 4 de agosto fuera retirada del calendario de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York y quedara sin nueva fecha.
De acuerdo con el registro de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP), Mérida Sánchez dejó la custodia penitenciaria el pasado 11 de agosto, después de permanecer cerca de tres meses detenido. La información disponible no aclara si salió bajo alguna medida judicial, cambió de régimen de custodia o fue trasladado a otra autoridad.
Hasta ahora tampoco existe confirmación pública de que el exfuncionario haya firmado un acuerdo de cooperación con la Fiscalía estadounidense. La posibilidad ha sido planteada por algunos medios debido al cambio de estatus, pero sigue siendo una hipótesis y no un hecho confirmado.
Mérida se entregó a las autoridades estadounidenses el 11 de mayo de 2026, después de cruzar por Nogales, Arizona. Posteriormente fue trasladado a Nueva York y permaneció detenido en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn.
¿De qué acusa Estados Unidos a Gerardo Mérida?
El Departamento de Justicia de Estados Unidos incluyó al general en retiro en una acusación presentada contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Entre los señalados también aparecen Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázarez y Juan de Dios Gámez Mendívil.
Washington acusa a Mérida de conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer ese tipo de armamento. De ser declarado culpable, enfrenta una pena mínima obligatoria de 40 años y hasta cadena perpetua, según el Departamento de Justicia.
La Fiscalía estadounidense sostiene que, mientras encabezó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, el exfuncionario habría recibido sobornos de Los Chapitos y proporcionado información anticipada sobre operativos contra laboratorios clandestinos.
Se trata, por ahora, de acusaciones y no de hechos judicialmente probados. El propio Departamento de Justicia establece que todos los imputados mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.
Audiencia fue cancelada antes del cambio de estatus
El 1 de junio, Mérida Sánchez compareció ante la jueza federal Katherine Polk Failla. La Fiscalía señaló que tenía un volumen considerable de evidencia y recibió alrededor de dos meses para procesar y entregar el material a la defensa.
Una nueva revisión quedó programada para el 4 de agosto, pero el tribunal la retiró del calendario y no fijó otra fecha. Siete días después, el BOP registró la salida de Mérida del sistema penitenciario federal.
Esa sucesión de hechos disparó las especulaciones sobre una posible negociación, pero hasta este martes ni la Fiscalía estadounidense ni la defensa de Mérida han informado públicamente de un acuerdo.
El Gobierno mexicano, por su parte, ha sostenido que Washington debe presentar evidencia que respalde las acusaciones y las solicitudes relacionadas con los funcionarios mexicanos señalados.
