- México obtuvo una victoria unánime ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones: dos fondos estadounidenses buscaban que el Estado pagara más de 219 millones de dólares por una controversia vinculada con la deuda privada de TV Azteca. El tribunal desechó completamente la reclamación y ordenó a los demandantes cubrir una parte considerable de los costos del proceso.
La Secretaría de Economía informó que el fallo se emitió el pasado 30 de julio dentro del caso Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management contra los Estados Unidos Mexicanos, identificado como CIADI ARB/23/33.
El tribunal resolvió de manera unánime que Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management no podían considerarse inversionistas protegidos ni acreditaron tener una inversión conforme al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por ello, concluyó que carecía de jurisdicción y cerró el arbitraje sin analizar el fondo de las acusaciones.
La resolución evita que el erario mexicano cubra la indemnización superior a 219 millones de dólares exigida por los fondos. Además, el tribunal les ordenó pagar a México una cantidad “considerable” por gastos y costos del arbitraje, aunque Economía todavía no revela el monto.
Fondos intentaron responsabilizar al Estado por deuda privada
Cyrus y Contrarian promovieron el arbitraje en 2023 bajo el argumento de que eran inversionistas estadounidenses y controlaban, mediante filiales constituidas en las Islas Caimán, bonos emitidos por TV Azteca.
Las empresas acusaron al Estado mexicano de afectar sus supuestas inversiones debido a una resolución dictada por el Juzgado 63 Civil de la Ciudad de México, que frenó temporalmente las acciones de cobro contra la televisora de Ricardo Salinas Pliego.
La defensa mexicana sostuvo desde el inicio que el arbitraje entre inversionistas y Estados no era la vía adecuada para resolver el conflicto. También subrayó que la disputa original enfrentaba a los fondos con TV Azteca y que el Gobierno federal no tenía participación en las obligaciones financieras de la empresa.
En otras palabras, los acreedores no reclamaron directamente al CIADI que México pagara los bonos de la televisora. Intentaron obtener una indemnización del Estado argumentando que una actuación del Poder Judicial capitalino les había negado justicia y afectado el valor de su inversión.
TV Azteca emitió bonos por 400 millones de dólares
El origen del pleito se remonta al 9 de agosto de 2017, cuando TV Azteca colocó 400 millones de dólares en bonos no garantizados, con una tasa anual de 8.25% y vencimiento en agosto de 2024.
El contrato obligaba a la televisora a realizar pagos semestrales de intereses por 16.5 millones de dólares. De acuerdo con los documentos presentados por los propios demandantes ante el CIADI, TV Azteca dejó de cubrirlos el 9 de febrero de 2021 y no retomó los pagos.
Los fondos sostuvieron que la empresa debía más de 547 millones de dólares al momento de presentar uno de sus principales escritos, contando capital e intereses acumulados. Para octubre de 2025, distintas estimaciones colocaban el adeudo alrededor de los 580 millones de dólares.
Una medida judicial protegió temporalmente a la televisora
En septiembre de 2022, TV Azteca abrió un juicio mercantil ante un juzgado capitalino y obtuvo una medida cautelar que suspendió temporalmente las acciones relacionadas con el cobro de los bonos.
La compañía argumentó que la pandemia había alterado sus operaciones y dificultado el cumplimiento de sus compromisos. Los acreedores denunciaron que la orden se concedió sin informarles previamente ni darles oportunidad de responder, por lo que acusaron una presunta denegación de justicia.
Esa medida cautelar se convirtió en la base del arbitraje contra México. Sin embargo, en octubre de 2025 un tribunal federal mexicano la revocó al considerar excesivos e imprecisos los argumentos utilizados para mantener la protección judicial de TV Azteca.
México ganó sin defender la deuda de Salinas Pliego
El fallo del CIADI no determina que TV Azteca haya pagado correctamente, tampoco declara inexistente su deuda ni exonera a Ricardo Salinas Pliego. El tribunal únicamente concluyó que los fondos no cumplían los requisitos jurídicos para demandar al Estado mexicano bajo el mecanismo de inversión del TLCAN.
Por ello, el conflicto privado entre TV Azteca y sus acreedores puede continuar ante las autoridades competentes. El litigio por los bonos permanece separado del arbitraje internacional que México acaba de ganar, y los fondos todavía pueden perseguir el cobro mediante los procedimientos correspondientes en Nueva York y México.
La representación del Estado quedó a cargo de la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, adscrita a la Subsecretaría de Comercio Exterior, con el respaldo del despacho Pillsbury Winthrop Shaw Pittman.
La Secretaría de Economía informó que el laudo completo sigue bajo revisión para retirar información confidencial. Cuando concluya ese proceso, el documento se publicará en la plataforma oficial del CIADI y permitirá conocer la argumentación detallada, así como el monto exacto de los costos que deberán pagar Cyrus y Contrarian.
