- El caso avanza contra uno de los exfuncionarios más señalados de Tabasco, identificado por autoridades como presunto líder de “La Barredora”. La solicitud marca un nuevo capítulo en un proceso que ya no camina en la grilla, sino en tribunales.
La Fiscalía General del Estado de Tabasco solicitó una pena acumulada de 154 años de prisión contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la entidad, por los presuntos delitos de secuestro agravado, extorsión y asociación delictuosa agravada.
La petición incluye 100 años de cárcel por secuestro agravado, 30 años por extorsión, además de multa e inhabilitación para ejercer cargos públicos, y 24 años por asociación delictuosa agravada.
La autoridad ya puso sobre la mesa la pena que busca; ahora toca al Poder Judicial resolver conforme a derecho.
Bermúdez Requena permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, en el Estado de México.
La audiencia se realizó de manera remota desde una sala del Sistema Penal Acusatorio en Villahermosa, Tabasco, mientras el imputado sigue sujeto a proceso.
El exfuncionario encabezó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco entre 2019 y 2024, durante las administraciones de Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino Campos.
De ficha roja a proceso judicial
El caso tomó fuerza desde 2025, cuando el Gabinete de Seguridad informó que Hernán “N” contaba con una notificación roja de Interpol y que existía una carpeta de investigación en su contra.
Después fue detenido en Paraguay, señalado como presunto líder de la organización criminal conocida como “La Barredora”, vinculada a delitos como extorsión y narcomenudeo.
Tras su traslado a México, un juez lo vinculó a proceso por delitos de alto impacto. Desde entonces, la Fiscalía de Tabasco ha empujado la ruta judicial para que el caso no quede en escándalo mediático.
Bermúdez mantiene la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme. Pero que el caso llegue a esta etapa manda un mensaje político y judicial potente: nadie debería tener fuero de facto cuando se le imputan delitos graves.
